Un adolescente extranjero se dirige a un policía que patrulla en una calle de Valencia. El menor le asegura al agente que se encuentra sólo en España y que no tiene a nadie que se haga cargo de él. A continuación, y con total tranquilidad, espeta al policía: “Quiero que me lleves a Ca Manolo”.

El familiar nombre lanzado por el menor extranjero hace referencia al nombre de pila del director del centro de protección de menores de Valencia, con la intención de que el agente lo traslade allí. No es una ficción. Es una realidad que se ha repetido en numerosas ocasiones en la capital. Así lo relató ayer la propia fiscal coordinadora de Menores, Gema García, durante un encuentro de varios expertos en la materia organizado por el Colegio de Abogados.

Y la llegada de adolescentes extranjeros a la Comunitat, en situación de desamparo, y cuya tutela tiene que ser asumida por la Generalitat, no ha dejado de crecer en los últimos años. En el centro de Valencia, de los 80 internados, sólo 3 son españoles. La cifra fue ofrecida por el subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, quien añadió que el año pasado se detectaron hasta 17 nuevos casos de menores no acompañados. La cifra supone el doble que los 8 registrados durante 2006.

La picaresca se deja sentir incluso en los propios centros de menores. La Fiscalía comenzó a detectar hace unos meses a sospechosos adolescentes con aspecto de no serlo en estos establecimientos. Todos ellos procedían de Ghana y sus pasaportes – certificados como legales por el examen de la Policía Científica – los confirmaban como menores de edad.


Maquinillas contra las canas

Pero las diferentes pruebas óseas realizadas (de muñeca, clavícula e incluso mandíbula) a instancias de la Fiscalía reveló que eran plenamente adultos. Hasta 30 de ellos estaban en los centros simulando ser menores, muchos de ellos con 30 años ya cumplidos y “provistos de maquinillas para eliminar las canas que les iban saliendo y afeitarse todo el cuerpo”, describió la fiscal.

La situación detectada ya ha servido para que la propia coordinadora de Menores haya remitido una circular a la Fiscalía General del Estado para que se refuerce el control de estos pasaportes por parte de la Administración central. Los documentos han sido legalmente expedidos por el país subsahariano pero sin ninguna comprobación de la verdadera fecha de nacimiento de sus propietarios.

“Se permite así que queden impunes delitos cometidos por adultos, al hacerse pasar por adolescentes, y que se aprovechen de unos recursos en centros que no están destinados a ellos”, reiteró García.

La coordinadora lamentó que el centro de menores, como ya se ha denunciado en otras ocasiones desde la Fiscalía, sigue teniendo un “tremendo hacinamiento” y se hace necesaria la búsqueda de una sede de mayor amplitud. Ello no quita para que el personal del centro dé un “exquisito trato” a los menores.

García también recordó la problemática sufrida el año pasado por los adolescentes rumanos obligados a robar en cajeros automáticos de Valencia. La fiscal recordó cómo se detectó a muchas adolescentes con bebés a su cargo. “Todo apunta a que habían sufrido abusos sexuales y que la mafia les amenazaba con hacer daño a sus hijos si no robaban para ellos”.

La presencia de adultos en los centros de menores fue calificada de “dinamita” por el presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado (AVAR). Javier Edo calificó de “directiva de la vergüenza” la normativa europea que prevé prolongar el tiempo de internamiento de los extranjeros en situación irregular.

El abogado especialista en extranjería Manuel de Lorenzo lamentó que el “elevado coste” de las pruebas óseas para desenmascarar a los falsos menores no permita realizarlas siempre. El letrado abogó también por “reforzar los mecanismos internacionales” existentes para luchar contra problemas como los secuestros de adolescentes.

Rafael Iniesta, responsable de la sección de Menores del Colegio de Abogados de Valencia, coincidió en señalar que la nueva directiva europea “criminaliza a los extranjeros”.