La Dirección General de Migración se declara incapaz de combatir a las mafias del crimen organizado en la frontera, por lo que considera urgente que se constituyan equipos interinstitucionales para resguardar las entradas y salidas del país.

Los delegados de Migración que laboran en fronteras problemáticas como El Naranjo, Petén; El Carmen, San Marcos; y Florido, Izabal, han manifestado al director de esa institución, Renato Durán, que sin el apoyo de las fuerzas de seguridad pública ellos no pueden enfrentar a los narcotraficantes, tratantes de personas o vendedores de armas, que a diario cruzan la frontera con total impunidad.

“Ellos nos han dicho que han sido amenazados, y que no tienen los recursos ni la capacidad para detener a esos grupos; incluso, en las de El Salvador, los tramitadores quisieron impedirles los controles”, contó Durán.

Los trabajadores de Migración no van armados ni tienen vehículos para movilizarse, por lo que no les queda otra que observar, de manera impasible, cómo estos grupos operan.

Por ello, Durán insiste en la necesidad de que haya presencia permanente de la Policía y patrullajes, a lo largo de toda la frontera.

Parte del personal de Migración sucumbe ante las mafias y colabora con ellas a cambio de una suculenta suma de dinero; pero muchos de ellos, aunque quisieran, no podrían hacer nada para evitar que operen.

Las autoridades de Migración de los EE. UU. y México poseen unidades de patrullaje fronterizo. El gobierno estadounidense ofreció ayuda económica para estas patrullas en Guatemala, pero, como no existen, la oferta no se concretó.

Hace un par de semanas, el ministro de Defensa, Marco Tulio García, anunció que enviaría dos mil 400 militares a la frontera, para combatir el crimen organizado. Según el coronel Jorge Ortega, vocero del Ministerio de Defensa, en los primeros patrullajes ya se han detectado 72 pasos ilegales en apenas 18 kilómetros, entre la franja fronteriza de Ocós y El Carmen, San Marcos.

El Ministerio de Gobernación va más allá, y en un informe presentado en abril afirma que existen mil 63 pasos ciegos en la frontera, 44 de los cuales se pueden cruzar en vehículo.

La mejora de las infraestructuras y la construcción de carreteras han avanzado mucho más rápido que el control fronterizo, según admite Durán, lo cual ha facilitado las operaciones y el trasiego de las mafias.

Ortega asegura que las fuerzas militares destacadas en Petén, San Marcos y Coatepeque colaboran en el control fronterizo, tanto por tierra como por mar, pero que necesitan más medios para llevar un control real.

Respecto de que si los militares tienen la potestad legal para capturar, asegura que sí: “Tienen capacidad de detener a traficantes que crucen la frontera, porque la Constitución les exige que resguarden el territorio nacional, pero siempre necesitarán el apoyo de la Policía para que se consigne a los delincuentes y del Ministerio Público para iniciar el proceso respectivo”.

Las únicas acciones que se han dado en la frontera es contra las personas que ingresan en el país productos de contrabando, principalmente, gasolina. Ningún traficante de armas ni de droga ha caído en los controles, por el momento.

El tráfico de armas se da tanto en la frontera con Honduras como en toda la frontera con México. De hecho, muchos de los compradores acuden directamente a los pasos fronterizos, donde se pueden comprar fusiles de asalto por apenas Q2 mil 500.

En el caso de drogas, éstas se trasiegan tanto por mar como por tierra, a través de la frontera de Petén y San Marcos. Según estimaciones del gobierno mexicano, más de 160 toneladas de cocaína pasan anualmente por esta frontera.

El cruce de migrantes también es constante, sobre todo por El Naranjo. Muchos de ellos son víctimas de asaltos y abusos, debido a que comparten ruta con las mafias.

En lo que va de año han sido robados más de tres mil 600 automóviles, la mayoría de ellos cruzan la frontera por Honduras, para ser vendidos en otros países centroamericanos. De igual manera, los autos sustraídos en México son vendidos en Guatemala.

Las autoridades parecen haber entendido que sin el control fronterizo no disminuirán los índices delincuenciales en el país.