La Policía guatemalteca arrestó a dos mujeres que mandaban niños hacia España, a través de adopciones ilegales. Una de ellas alquilaba su vientre para tal fin.

Con la detención de dos mujeres guatemaltecas, una de ellas la madre que presta el vientre, se develó la forma de operar de un grupo para dar en adopción irregular a niños de este país en España, un negocio que en 2007 movía hasta $200 millones al año.

El fiscal Juan José Méndez dijo a la AFP que la investigación la iniciaron dos periodistas españoles, como parte de un reportaje sobre la venta de niños en Latinoamérica. Por ello, ingresaron a varias páginas en internet para colocarse como interesados en un infante, y solo recibieron respuesta de Guatemala.

Los comunicadores denunciaron el caso ante la humanitaria Casa Alianza de España, que lo trasladó a su homóloga en Guatemala y dio como resultado la detención de las dos mujeres.

La encargada de negociar y pedir $5,000 por cada infante fue identificada como Karen Evelyn Velásquez, de 42 años; mientras que la otra, Gloria Girón, de 28, prestaba su vientre para procrear a los menores que serían negociados.

Un juez ordenó la prisión de las dos mujeres, al considerar que pudieron cometer al menos tres delitos: trata de personas, conspiración y asociaciones ilícitas, detalló Méndez.

El fiscal explicó que Girón se encuentra en estado de gestación y tenía planificado viajar así, pues lo daría en adopción junto con su otro hijo de dos años, quien estaba ya al cuidado de Velásquez y fue rescatado.

Según el fiscal, Velásquez tendría unos 10 años de dedicarse a este negocio, pero fue hasta este año cuando empezaron con esta modalidad para vender a menores, debido a una nueva ley de adopciones.

Claudia Rivera, directora de Casa Alianza Guatemala, comentó que Velásquez envió a los dos periodistas un video ilustrativo de su experiencia en el tema y cómo había entregado a un niño en Panamá.

Las adopciones fraudulentas en Guatemala han causado preocupación en diferentes sectores, debido a que consideran que ha provocado hasta el robo de niños, en un negocio que se estima mueve unos $200 millones anualmente. A comienzos de año, Guatemala suspendió de forma indefinida las adopciones de menores guatemaltecos a extranjeros, salvo casos especiales.