La decisión ya está tomada. En 2009 habrá reforma de la Ley de Extranjería con un objetivo prioritario: frenar la llegada de nuevos inmigrantes dada la crisis económica y el continuo crecimiento del desempleo, que durante el año próximo puede alcanzar niveles alarmantes. Los técnicos del Ministerio de Trabajo e Inmigración valoran ya varios borradores que Celestino Corbacho quiere que se conviertan a finales de año o principios de 2009 en proyecto o proposición de ley (según el consenso que alcancen) en el Congreso de los Diputados.

Los documentos y propuestas con los que trabajan los técnicos del Gobierno no dejan lugar a dudas del sentido de la reforma: limitación de las reagrupaciones, restricción de los permisos de trabajo y “concatenación de contratos” para evitar nuevas llegadas, entre otras novedades.

El Ejecutivo ya ha pensando incluso cómo presentar esta modificación de la legislación de extranjería para provocar la menor polvareda posible. El mensaje es que no será una nueva ley, será simplemente una “reforma acotada y de aspectos técnicos”. La consigna es evitar un gran debate sobre la política de inmigración y hacer ver que las modificaciones están obligadas por la necesidad de transponer directivas de la Unión Europea y acatar el fallo del Tribunal Constitucional sobre derechos fundamentales de los “sin papeles”, que fuerza a retoques en el actual texto. Los analistas de La Moncloa y del Grupo Socialista, cuyos responsables ya han iniciado contactos informales con algunos partidos, han llegado a la conclusión de que ahora es el mejor momento para abordar la reforma, a la que sólo se oponen de manera abierta Izquierda Unida y ERC.

Además, responsables del Ejecutivo recuerdan que tienen la encomienda del Parlamento de reformar la normativa sobre extranjería, ya que el pasado septiembre la cámara aprobó una moción promovida por CiU para revisar la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social con el fin de adecuarla a la “situación económica y social” actual.

El PP, explicaron fuentes parlamentarias, está dispuesto a apoyar este endurecimiento, aunque insiste en que quiere que en la nueva ley figure la prohibición de nuevas regularizaciones extraordinarias, propuesta que rechazan el resto de los grupos.