La reciente llegada de varios cayucos con un importante número de menores inmigrantes no acompañados ha desbordado de nuevo al Gobierno de Canarias. Ayer, la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, informó de que actualmente la comunidad autónoma acoge a unos 1.400 menores inmigrantes, pero que sólo pueden atender a un máximo de 500 “con garantías”. Por esa razón confía en que un número elevado de estos jóvenes sea derivado a otras comunidades autónomas de la Península, como ya se hizo el año pasado.

La consejera explicó que Canarias podrá hacerse cargo de más de 300 menores no acompañados – la misma propuesta que ya hizo en el año 2006-, aunque aclaró que la cifra podría ampliarse hasta el medio millar. También expresó su acuerdo con el ministro de Trabajo sobre una posible modificación de la ley de Extranjería. “Son más de once años de este fenómeno y seguimos regulándonos por la ley de Protección al Menor que cuando se creó no contemplaba el niño de África que venía en cayuco”, expuso la responsable de Bienestar Social.

El cayuco que llegó el pasado martes al puerto tinerfeño de Los Cristianos, el mayor detectado hasta ahora, trasladaba 230 inmigrantes, de los cuales 25 declararon ser menores de edad. Durante esta semana se han realizado pruebas óseas a los supuestos menores que viajaban en el cayuco para determinar su edad y posteriormente será la fiscalía de Menores la que determine en qué centros deben ingresar.

El Gobierno canario ha alertado de la llegada de “auténticos barcos negreros que trafican con personas” y del peligro de que los centros de retención de inmigrantes – que actualmente acoge a 1.419- vuelvan a desbordarse. En lo que va de año, Canarias ha recibido 7.100 inmigrantes; sin embargo, se trata de una cifra inferior a la del 2007. A estos datos, hay que añadir las declaraciones de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, al señalar que la situación interna de Mauritania hará aumentar probablemente la llegada de cayucos a las costas españolas.

La ONG Save the Children y una responsable del área de infancia del Síndic de Greuges de Catalunya criticaron ayer que las administraciones públicas y los centros de menores tutelados separen a los niños por su origen y dividan a los nacionales de los menores inmigrantes no acompañados.

La asesora del Síndic, Anna Piferrer, instó a “evitar las redes de atención según el origen del menor”. Piferrer admitió que varios de los menores que se han quejado de su situación ante esta institución o la fiscalía de Menores han sufrido “represalias” por parte de los centros que los tutelaban, según informa Europa Press. También reclamó que los menores reciban asistencia jurídica independiente por parte de un “turno de oficio super especializado”.

El Síndic de Greuges se queja de que las administraciones públicas no faciliten el número de menores que atienden ni tengan un historial detallado de cada menor atendido. Algunos cálculos estimativos apuntan a que en el 2007 había en Catalunya unos 350 menores inmigrantes que dependen de la dirección general de Atenció a la Infància i l´Adolescència (Dgaia).