Una descoordinación administrativa entre el sistema judicial y el organismo penitenciario dependiente del Ministerio del Interior ha provocado la suspensión, en dos ocasiones, del juicio al que se debe enfrentar el supuesto patrón del cayuco que llegó hace un año a la costa de Tazacorte, con 161 inmigrantes, y que fue detenido por las fuerzas de seguridad del Estado como presunto autor, entre otros, de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Ayer, por segunda ocasión en los últimos cuatro meses, no se pudo celebrar la vista oral prevista en las dependencias judiciales de Los Llanos de Aridane porque un fallo en el trámite que permite el desplazamiento del imputado desde el Centro Penitenciario de Tenerife II, donde se encuentra en prisión preventiva desde hace un año, impidió su presencia en La Palma. Todas las partes que conformaban el equipo procesal, entre ellos tres magistrados de la Sala de Lo Penal Número 5 de la Audiencia Provincial, se encontraban ayer en las dependencias judiciales de la ciudad llanense dispuestos a iniciar, a las 10:00 horas de la mañana, el juicio, junto al resto de personas (letrados, testigos y agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional) que fueron citadas.

Pero faltó lo más importante, el imputado. En algún momento del proceso administrativo para citar a todas las partes, alguien se olvidó de que la vista oral se iba a celebrar en La Palma, en vez de en la propia Audiencia Provincial, y ayer mientras todos los abogados y testigos esperaban en los pasillos del juzgado palmero, el acusado fue desplazado desde la prisión hasta la Sala de lo Penal tinerfeña.

No dejaría de ser una anécdota más dentro de la compleja situación administrativa que soporta el sistema judicial de Canarias, a no ser por el detalle de que hace cuatro meses sucedió algo parecido en este mismo proceso, pero con la diferencia de que, en aquella ocasión, con motivo del primer señalamiento, la confusión afectó a una parte del equipo procesal que tenía que desplazarse hasta Tenerife y se quedó en La Palma pensando que la vista se desarrollaría en la Isla.

En cualquier caso, el letrado Juan Ramón Martín Rodríguez, que asiste al imputado que pasó a disposición judicial tras ser detenido en octubre de 2007, calificó en declaraciones a EL DÍA esta situación de “anormal”. Según aseguró, “no es algo habitual. Sólo se ha tratado de una mala interpretación o error administrativo que no suele ser común”.

Confusión administrativa

El error, según ha podido saber esta redacción, se produjo por una confusión generada en la cárcel Tenerife II. El juzgado solicitó en tiempo y forma (con más de un mes de antelación) el traslado del acusado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que es quien debe organizarlo con el apoyo logístico de la Guardia Civil. Pero, al contrario que en el primer error, se obvió que el juicio se celebraría en La Palma, por lo que la prisión de la capital palmera, en donde tendría que haberse desplazado el supuesto patrón del cayuco, no recibió comunicación alguna al respecto.

Lo que ha sucedido con la resolución del caso del cayuco de Tazacorte no se corresponde con la rapidez con la que se llevó a cabo la instrucción de la causa. Desde el primer momento, tal y como indica el año de prisión preventiva sin fianza que se ordenó para el supuesto patrón de la embarcación (se le puede tener un máximo de dos años en esta situación), existen indicios claros de delito. Al mismo se le acusa de organizar la expedición que llegó al oeste de La Palma con 161 inmigrantes.