MARÍA-PAZ LÓPEZ – Roma. Corresponsal

VÍCTIMAS INOCENTES Algunos africanos asesinados no eran narcotraficantes, según la policía

CLAN DE LOS CASALESI Los capos en prisión exigían el 20% de toda ganancia, y los nuevos quieren el 50%
La llamada matanza de San Genaro,en la que seis africanos cayeron asesinados a tiros por la Camorra hace dos semanas, caló hondo en el Gobierno de centroderecha italiano, que ha hecho de la seguridad una prioridad – en algunos aspectos obsesiva- de su primer año de mandato. En asuntos mafiosos, en cambio, toda acción contundente del Estado – sea cual sea el color político del gobernante- recibe general aplauso, la oposición la primera.

Ese espíritu de alborozado consenso político permeó toda la jornada de ayer, después de que, de madrugada, las fuerzas de seguridad capturaran a los presuntos mandantes y ejecutores de la masacre (Alessandro Cirillo, Oreste Spagnuolo y Giovanni Letizia), y emitieran 107 órdenes de detención cautelar de afiliados y gregarios del temible clan camorrista de los Casalesi. También se confiscaron bienes a la mafia por valor de 100 millones de euros. “La de hoy es una jornada que merece ser colocada en un marco, dentro de la lucha del Estado contra la Camorra; hemos infligido un golpe durísimo al clan de los Casalesi”, dijo el ministro del Interior, Roberto Maroni, satisfecho.

Han pasado casi dos semanas desde la noche desdichada del jueves 18 de septiembre, en la que un puñado de sicarios de la región de Campania – de la que Nápoles es capital- asesinó a un italiano en Baia Verde, y veinte minutos después disparó con pistolas y kalashnikov contra inmigrantes africanos en una sastrería de Castel Volturno. Ambas localidades se hallan en la provincia de Caserta, limítrofe con la de Nápoles (véase el mapa). Fuera de Italia tiende a considerarse la Camorra como un fenómeno estrictamente napolitano, pero en realidad hay clanes camorristas en otras provincias campanas. En la feroz expedición, seis inmigrantes cayeron muertos.

Italia quedó atónita ante la matanza, que tenía algo inusitado debido al color de la piel de las víctimas y que sumaba el racismo a la larga lista de maldades del crimen organizado. Luego, volvió la resignación ante una lacra que se percibe como ineluctable, inaccesible a la derrota por parte de los poderes públicos, una situación atávica que suele definirse con la expresión “ausencia del Estado”. La mayoría de los italianos considera que en las regiones meridionales donde existe crimen organizado – Camorra en Campania, Cosa

Nostra en Sicilia, ´Ndrangheta en Calabria, y Sacra Corona Unita en Apulia-, esas mafias controlan el territorio porque el Estado, por razones históricas y de connivencia del poder político local y a ratos nacional con las cúpulas mafiosas, aún no ha logrado descargar sobre ellas todo el peso de la ley.

Entonces, en una comparecencia el pasado miércoles ante el Senado, el titular de Interior, Roberto Maroni, calificó los sucesos de Castel Volturno de “guerra civil que la Camorra ha declarado al Estado, que debe responder con todos sus medios”, y arguyó que la masacre “ha sido un acto de auténtico terrorismo con el cual la Camorra quiere reafirmar su control del territorio, lanzando una señal al Estado”. Por ello, el Gobierno de Silvio Berlusconi decidió enviar 400 agentes de refuerzo – entre policías, carabineros y Guardia de Finanzas- y apostó luego por mandar también al ejército. Los soldados llegarán en los días sucesivos.

Curiosamente, según el ministro de Defensa, Ignazio La Russa, que presta gustoso sus militares al Ministerio del Interior, lo que ocurre en Castel Volturno es sólo “una lucha entre bandas”. Sea como fuere, las luchas entre clanes (la Camorra carece de una cúpula única y organizada) funcionan como un continuo desafío al Estado, que tal vez sea lícito denominar enfáticamente “guerra civil”.

En síntesis, la que ha sido bautizada como matanza de San Genaro – porque fue perpetrada la víspera de la festividad del patrón napolitano- obedece al mecanismo habitual de lucha sangrienta entre clanes camorristas por el control del mercado delictivo: narcotráfico, explotación de la prostitución y extorsión, principalmente. La novedad eran las víctimas inmigrantes, lo que venía a certificar un secreto a voces en Caserta. Hay ahí africanos – nigerianos, sobre todo- que trafican con droga sin pagar la cuota exigida por el clan dominante, el de los Casalesi, así llamados por la ciudad de Casal di Principe.

Según los investigadores, sin embargo, algunos de los africanos asesinados no tenían nada que ver con el narcotráfico; fueron inocentes víctimas por hallarse casualmente en la sastrería.

Todo indica que una rama más salvaje de los Casalesi había aprovechado que algunos capos se hallan en prisión para intentar controlar el tráfico de droga efectuado por inmigrantes africanos. Si los antiguos capos exigían el 20% de toda ganancia, legal o ilegal, de la zona, los nuevos reclamaban el 50%. Su estrategia ante los rebeldes es violentísima.