La llegada a Canarias de un cayuco con 230 clandestinos a bordo y de una patera con otro centenar de extranjeros acredita las dificultades con que topan las autoridades españolas para frenar el flujo migratorio desde los países subsaharianos, pese a los acuerdos de colaboración con varios gobiernos de la zona y a la estrategia más restrictiva del Ejecutivo de Zapatero. Pero también prueba que el tráfico entre la costa mauritana y el archipiélago canario se ha convertido en un floreciente negocio cuyos beneficios, labrados a costa del drama de cientos de personas, dificultan la erradicación de la trata de seres humanos.