Los responsables del anterior gobierno local aseguran que todas sus actuaciones se ajustaron al procedimiento

vitoria. Según los preceptos de la teoría del caos, el aleteo de una mariposa en un lugar indeterminado del planeta provoca un huracán en el otro extremo del mundo y, según denunció ayer el portavoz de SOS Racismo en Vitoria, Fede García, la difusión de información personal de inmigrantes por parte del Ayuntamiento de Vitoria durante el gobierno del PP evitó que sus familiares, residentes en lejanos países pudieran iniciar los trámites de reunificación en la capital alavesa.

Si los Servicios Sociales del Ayuntamiento durante la era Alonso eran los emisores de la información, la Subdelegación del Gobierno en Álava era la receptora de la misma. Concretamente, según atestigua García, se le entregaban listados con los nombres de todos los perceptores de ayudas sociales en Vitoria.

A continuación, si alguno de los nombres contenidos en las listas acudía a la Subdelegación del Gobierno con el fin de iniciar los trámites para solicitar el reagrupamiento de su familia en la capital alavesa, los responsables del departamento competente denegaban la petición argumentando que si no disponía de fondos para mantenerse por sí mismo, menos aún podría costear los gastos generados por su familia.

García sostiene que aunque el solicitante hubiera comenzado a trabajar por cuenta ajena y expusiera el correspondiente contrato, la respuesta era la misma hasta bien pasado un largo periodo de tiempo en el que demostrase que contaba con ingresos suficientes.

El portavoz de SOS Racismo entiende que tras este proceder se ocultaron “intereses políticos” y aseguró que es muy probable que el gabinete Alonso vulnerase la Ley de Protección de Datos. “Se puede facilitar la información en bruto y dar a conocer cuántos inmigrantes cobran ayudas, pero de ahí a dar nombres y apellidos dista un abismo”, confirmó. En cuanto a si se sigue produciendo esta transferencia bajo el mandato de los socialistas, García manifestó que “intuye” que sí.

Por su parte, los portavoces del PP en el Ayuntamiento negaron cualquier interés político en el asunto y garantizaron que si se facilitaron datos fue porque el procedimiento administrativo así lo exigía.