Bruselas. Los ministros de Justicia e Interior de la UE alcanzaron ayer un principio de acuerdo sobre la creación de la tarjeta azul europea, similar a la green card americana, con la que pretenden atraer al mercado laboral europeo a los inmigrantes altamente cualificados y mejor preparados. El objetivo es hacer frente a la escasez de mano de obra que existe en algunos sectores debido al envejecimiento de la población y ganar competitividad en la batalla con otras economías avanzadas como Estados Unidos o Canadá.

Según los requisitos, los inmigrantes que quieran optar a este permiso tendrán que acreditar una diplomatura de tres años o una experiencia profesional en un trabajo similar de al menos cinco años, así como un nivel salarial equivalente al 150% del sueldo medio del Estado medio en el que tenga la oferta de trabajo. Es decir, en el caso del Estado español podrán optar a la tarjeta azul aquellos inmigrantes que vayan a cobrar más de 33.000 euros ya que el salario medio bruto anual asciende a los 22.000 euros, según explicaron fuentes diplomáticas. Cuando haya una demanda extraordinaria de trabajadores o en determinados sectores con falta de mano de obra el umbral del salario se rebajará al 120%.

El permiso se concederá por un período de entre 1 y 4 años, permitirá la reagrupación familiar, acceso a educación y formación, así como libre circulación por todo el territorio comunitario 18 meses después del establecimiento en un Estado miembro. Además, incluirá disposiciones especiales para evitar la fuga de cerebros en los países de origen.

El único elemento que aún falta por despejar es la fecha en la que entrará en vigor. El único país que mantiene sus reservas, según reconoció Hortefeaux, es la República checa. El Gobierno de Praga quiere garantías explícitas de que la nueva norma no entrará en vigor antes de mayo de 2011, fecha en la que Alemania y Austria deben abrir obligatoriamente sus mercados laborales a los nuevos socios del este que todavía mantienen cerrados. Tanto la Comisión Europea como la Presidencia francesa se mostraron confiados en que los embajadores permanentes de la UE encontrarán la solución y que la nueva norma podrá ser formalmente aprobada a principios de 2009, lo que retrasará su entrada en vigor hasta 2011, tal y como exigen los checos.

Además, los Veintisiete aprobaron ayer por unanimidad el pacto europeo por la inmigración y asilo que promoverá una inmigración selectiva y controlada y establecerá el marco para luchar contra la inmigración ilegal. Este pacto será refrendado por los líderes europeos en el Consejo Europeo de mediados de octubre.

Por su parte, la Eurocámara rechazó ayer presentar ninguna propuesta para extender el derecho de los inmigrantes de larga duración a votar en las elecciones europeas y municipales, tal y como defendían algunos grupos políticos para impulsar la integración.