Stefano Marchi

Bruselas – La UE consensuó ayer el «Pacto europeo sobre inmigración y asilo» con el que los países miembros se comprometen a coordinar las medidas nacionales al respecto. En el documento, los 27 también abogan por desarrollar más la legislación y la cooperación a nivel comunitario en esas materias. Elaborado por España y Francia a iniciativa del presidente galo, Nicolas Sarkozy, el Pacto supone un cierto endurecimiento de las condiciones para la inmigración regular, junto con una afirmación de los derechos de quienes la consigan.

Asimismo, el documento plantea una intensificación de la lucha contra la inmigración irregular, incluido a través de un aumento de los recursos de la Agencia Europea de Control de las Fronteras Exteriores (Frontex), y una aplicación rigurosa de la reciente directiva europea de retorno, para repatriar a los «sin papeles». Además, el Pacto se pronuncia en contra de nuevas regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales, instando a los 27 a «limitarse» a las que cuenten «caso por caso».

Aunque no sea jurídicamente vinculante, el Pacto prevé que, en sus «políticas de inmigración, integración y asilo», cada país de la UE «tenga en cuenta los intereses de sus socios» comunitarios.

El documento reclama «organizar la inmigración regular» considerando «la capacidad de acogida» de cada Estado comunitario, así como «el potencial en términos de recursos humanos» en la UE. Se trata de disposiciones que pretenden limitar la inmigración regular no cualificada. El texto también incluye criterios más restrictivos para la inmigración de familiares de extranjeros residentes legales en la UE.

Al mismo tiempo, se aboga por una inmigración «altamente cualificada», a favor de la cual los 27 están negociando por una directiva comunitaria que otorgaría una «Tarjeta Azul», es decir, un permiso de residencia válido en toda la UE, a los trabajadores de países terceros que cumplan determinados requisitos. El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró ayer en Bruselas que el texto se acordará «a finales de este año».

En cuanto a la inmigración ilegal, el Pacto compromete a los 27 a poner en marcha «dispositivos comunes» (como la identificación biométrica y los vuelos conjuntos) que garanticen «la expulsión efectiva» de los inmigrantes ilegales.

Para localizar a éstos, Corbacho anunció ayer un «reforzamiento de las inspecciones de trabajo». Los 27 también reforzarán «la cooperación con los países de origen y tránsito» de la inmigración ilegal, y se estipulan «sanciones» contra quienes la exploten, incluidos los «empleadores».
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