El criminal Gilberto Chamba fue legalizado sin incorporar sus antecedentes penales El ministerio del Interior ha asumido su parte de responsabilidad en la muerte de la joven universitaria Isabel Bascuñana, asesinada en Lleida en 2004 por Gilberto Antonio Chamba. Este ecuatoriano había sido legalizado en España tres años antes a pesar de acumular un historial delictivo en su país de ocho asesinatos consumados y dos de frustrados.

Así, según publicaba ayer el diario Segre, el ministerio ha aprobado una indemnización a la familia de la víctima que suma un total de 237.000 euros. La cifra se divide entre 204.356 euros para los padres y 10.755 para cada uno de sus hermanos. El Consejo de Estado, por su parte, ya ha avalado la indemnización.

Los hechos se remontan al año 2001, cuando la subdelegación del Gobierno en Lleida legalizó al ecuatoriano Gilberto Antonio Chamba Jaramillo y permitió su entrada en el país sin tener en cuenta su historial delictivo. Chamba presentaba antecedentes y había cumplido condena por haber asesinado a ocho mujeres en Ecuador y haberlo intentado con otras dos.

Ante estas circunstancias, el ministerio ha asumido su responsabilidad por mal funcionamiento de la administración. Se debe considerar que Chamba fue legalizado sin incorporar en su expediente el certificado de antecedentes penales, un trámite al que obliga la ley en estos procedimientos. La resolución del ministerio, acordada en agosto y ratificada por el Consejo de Estado, asume un «mal funcionamiento del servicio público del cual no se ha podido dar una explicación», y añade que «si hubiera funcionado debidamente es posible que estos desafortunados sucesos no se hubieran producido».

Un crimen que dejó huella

La muerte de la joven universitaria María Isabel Bascuñana, vecina de la localidad de Alpicat, fue un duro golpe para la sociedad leridana. La víctima estudiaba en la capital del Segrià y fue asesinada cerca de la universidad, en el barrio de Cappont. Los hechos tuvieron aún más repercusión cuando se supo que su asesino, Antonio Chamba, era conocido en su país como El Monstruo de Machala por haber asesinado a ocho mujeres y haberlo intentado con otras dos. La indignación entre familiares y conocidos de la joven se multiplicó al conocer que su situación era legal a pesar de estos antecedentes. La ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España establece claramente que Chamba debería haber sido expulsado por el solo hecho de haber cumplido condena en su país.