El Consejo de la Unión Europea acordó ayer un documento sobre inmigración – cuyos compromisos irán tomando forma legal en los próximos meses – que limita la entrada de personas extracomunitarias a las necesidades del mercado laboral y que prohíbe regularizaciones masivas, como la que acometió el Gobierno de Zapatero. En el texto, los gobiernos de los Estados miembros (incluido el de España) hacen un ejercicio de realismo que choca frontalmente con el ingenuo planteamiento que llevó al ministro Caldera a legalizar a cientos de miles de inmigrantes en 2005, con el nefasto efecto llamada posterior. «La Unión Europea no dispone de medios para acoger dignamente a todos los emigrantes que esperan hallar una vida mejor», deja por sentado el documento aprobado ayer. A partir de ese axioma, desarrolla una serie de medidas que tratan de poner coto a la inmigración ilegal mediante mejoras de los controles fronterizos, y que implican mano dura contra los ilegales y las mafias que trafican con ellos. También propone aumentar la cooperación con los países de origen para lograr una inmigración selectiva, de trabajadores cualificados. Este pacto sobre inmigración, impulsado por Sarkozy, fue celebrado ayer mismo por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, sucesor de Caldera. El Gobierno aún no ha explicado este giro de 180 grados, sobre todo tras haber arremetido en su día contra quienes criticamos su irresponsable política en esta materia.