El Ministerio del Interior ha asumido su parte de responsabilidad en la muerte de la joven universitaria Isabel Bascuñana, asesinada en Lérida en 2004 por Gilberto Antonio Chamba. Este ecuatoriano había sido legalizado en España tres años antes, a pesar de acumular un historial delictivo en su país de ocho asesinatos consumados y dos frustrados.

Así, según publicó ayer el diario Segre, el Ministerio ha aprobado una indemnización a la familia de la víctima que suma 237.000 euros. El Consejo de Estado ya ha avalado la indemnización. Los hechos se remontan a 2001, cuando la Subdelegación del Gobierno en Lérida legalizó al ecuatoriano Gilberto Antonio Chamba Jaramillo y permitió su entrada en el país sin tener en cuenta su historial delictivo. Chamba tenía antecedentes y había cumplido condena por haber asesinado a ocho mujeres en Ecuador y haberlo intentado con otras dos.

Ante estas circunstancias, el Ministerio ha asumido su responsabilidad por mal funcionamiento de la Administración. Se debe considerar que Chamba fue legalizado sin incorporar en su expediente el certificado de antecedentes penales, un trámite al que obliga la ley.