Los Veintisiete acuerdan crear una ‘tarjeta azul’ para intentar atraer a inmigrantes más cualificados En los próximos años, llamar a las puertas de Europa sólo será fácil con una oferta de sueldo próxima a los 3.000 euros y un título universitario, según el pacto de inmigración aprobado ayer por los Veintisiete para desterrar las regularizaciones nacionales y endurecer las normas contra los ilegales.

Bajo la presión de Nicolas Sarkozy, presidente de la UE este semestre, los ministros comunitarios del Interior y de Inmigración cerraron el acuerdo para que no se permita legalizar de forma masiva a los sin papeles, como han hecho en el pasado España, Italia o Bélgica.

Los Estados miembros deberán limitarse a regularizaciones «caso por caso, y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios y económicos». El regreso a casa debería ser, según los Gobiernos europeos, el destino de la mayoría de los más de 8 millones de inmigrantes ilegales que – se estima – viven en la Unión. «La UE no dispone de medios para acoger dignamente a todos los emigrantes que esperan hallar una vida mejor», dice la declaración de los ministros, que buscarán la firma de más acuerdos con los países de origen para la repatriación. «Estas medidas son un equilibrio entre la creación de una fortaleza, que sería poco sensato e injusto, y un coladero, que estaría abierto a la clandestinidad y al abuso», aseguró el titular de Inmigración francés, Brice Hortefeux.

En el caso de los inmigrantes legales, los Veintisiete firman la obligación de «políticas ambiciosas para favorecer la integración», donde también se incluya la enseñanza de los «deberes» a los recién llegados, como el respeto de las leyes nacionales. Los Estados miembros deberán promover el aprendizaje de la lengua nacional y difundir los «valores fundamentales» europeos, como el respeto de los Derechos Humanos, la libertad de expresión o la igualdad entre hombres y mujeres, una acción dirigida a los musulmanes.

Sin embargo, para emigrar a algún país de la UE con facilidad y lograr la reunificación familiar, los requisitos serán altos. Los ministros acordaron ayer poner en marcha la tarjeta azul, un permiso de residencia que se inspira en la green card estadounidense, con el objetivo de atraer a inmigrantes «altamente cualificados» con un estándar elevado de sueldo. Con esta tarjeta podrán residir en un país europeo entre uno y cuatro años, con sus familias, y, a los 18 meses, moverse libremente por toda la UE, aunque deberán solicitar otro permiso para trabajar en otro Estado, según ha exigido Alemania, temerosa de que los socios sureños sean más generosos y flexibles con este nuevo método.

Para obtener la tarjeta, el solicitante deberá tener una oferta de trabajo con un sueldo 1,5 veces el salario medio del país y un título universitario de, al menos, tres años. En el caso de sectores donde haya particular necesidad de mano de obra, bastará con un salario 1,2 veces superior al medio. Hasta ahora, la UE ha sido incapaz de reclutar a los mejores de cada país, como han logrado, en cambio, EEUU y Canadá. Se calcula que cerca del 87% de los inmigrantes ilegales en Europa no tienen formación académica o profesional.

Pero la tarjeta azul es menos tentadora que la verde estadounidense, entre otras cosas por la poca oferta de movilidad dentro de la UE. Además, según Celestino Corbacho, ministro de Inmigración, deberá ser utilizada con cuidado. El español defendió que los Gobiernos europeos deben «abstenerse de perseguir la contratación activa en países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencia de mano de obra», como el sanitario, y deben seguir «principios éticos de contratación».

Aún no está claro cuándo entrará en vigor el mecanismo, ya que la República Checa insiste en que no sea antes de mayo de 2011, cuando los ciudadanos de los países nuevos del Este en la UE podrán trabajar sin los límites actuales. Graham Watson, líder de los liberales en el Parlamento Europeo, se quejó ayer de la «vía rápida» con la que se adoptan las medidas contra la inmigración ilegal, mientras el fomento de la legal cualificada se queda «aparcado».

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