4 de sus miembros deben irse de EE.UU. en noviembre. A dos de ellos les pusieron grilletes electrónicos.

Una familia ecuatoriana padece el acoso de las autoridades de inmigración de  Estados Unidos por residir sin documentos en ese país, específicamente en Miami (Florida).

Se trata de Enrique Gustavo  Pacheco, su esposa Fátima Santos y sus hijas de 29 y 28 años: Ericka, quien está embarazada, y María de Fátima, explicó el hermano del jefe de familia y  músico guayaquileño, Gustavo Pacheco.

Residen también con la pareja  ecuatoriana  sus otros dos hijos de 24 y 22 años: Gabriela, estudiante y líder activista  en favor de los alumnos indocumentados en Estados Unidos y su hermano Enrique, quienes permanecen en ese país con su documentación en regla.

El músico explicó que su hermano reside en Estados Unidos hace más de quince años, adonde viajó en busca de mejores oportunidades para sus hijos y además cumple actividades de pastor evangélico.

“Al parecer la abogada de ellos falló en entregar el título de graduación de mi hermano del colegio en Ecuador, cuando realizaban los trámites para su legalización en Estados Unidos y de allí vino el problema”, comentó.

Por su situación de indocumentada, desde junio pasado la familia ecuatoriana está bajo arresto domiciliario. Las autoridades de Migración de EE.UU. les colocaron grilletes electrónicos en los tobillos a Pacheco y a su hija  María de Fátima para monitorear sus desplazamientos, aunque se los quitaron esta semana sin dar explicaciones. A su esposa no le pusieron el dispositivo por razones de salud y a su hija, Ericka, por  su embarazo.

El músico Gustavo Pacheco explicó que su hermano, la esposa y dos hijas tienen plazo hasta  noviembre próximo para abandonar EE.UU., aunque antes de ese mes pueden apelar la orden de deportación.

“Lo están obligando a separarse de su familia. Por eso él (su hermano) hará todo lo posible para quedarse en Estados Unidos, donde ha hecho su vida”, expresó el músico.

En marzo pasado, Gabriela Pacheco, que tiene visa de estudiante,  denunció que las autoridades de inmigración dispusieron deportar a su familia para hacerla callar por su activismo en favor de los alumnos indocumentados en EE.UU.

Ella ha defendido desde hace tiempo las propuestas de una reforma en la inmigración y apoyado la llamada ley del sueño americano, que le permitiría obtener la ciudadanía a los estudiantes que llegaron en su infancia a Estados Unidos sin documentos.