VERÓNICA BECERRIL

CORRESPONSAL

ROMA. La camorra es intocable en Italia, al menos hasta que lleguen los quinientos militares que el Consejo de Ministros del país aprobó ayer que enviará a la zona de Caserta, una de las fortalezas de la mafia napolitana. Esta decisión se tomó «gracias» a la rebelión de los inmigrantes de Castel Volturno tras el asesinato a balazos de seis compatriotas de origen africano.

Las imágenes de los manifestantes dieron la vuelta al mundo, que a su vez miró hacia Italia. Ante la presión, el ministro de Interior, Roberto Maroni, decidió presentar algunas medidas para combatir la camorra y a los inmigrantes. Los primeros se las verán con el Ejército; los segundos, con la burocracia. Los soldados, que se unirán a los 400 agentes enviados a la zona tras la masacre, permanecerán en el territorio tres meses, aunque su estancia se podrá ampliar en caso necesario.

Tras los asesinatos y las manifestaciones llegó el primer arresto. Alfonso Cesarano, de 29 años, camorrista del clan de los Casaleses, fue capturado anteayer por la Policía en casa de sus padres, donde se encontraba bajo arresto domiciliario. Ante esta perspectiva, ayer llegó el «stop al domiciliario para la mafia», como solicitó el ministro de Interior, pidiendo «intervenir para que los magistrados no concedan este «premio» a quien ha cometido delitos mafiosos».

Esta vez, la mano dura del Gobierno cae sobre la mafia gracias a los inmigrantes, que han conseguido lo que no han logrado otros miles de muertos durante años.

Pero los inmigrantes se llevan su parte: los que se encuentren en suelo italiano y soliciten la reagrupación familiar, sólo la obtendrán cuando demuestren el grado de parentesco y que cuentan con un seguro médico o estar inscritos en el Servicio Sanitario Nacional.

El grado de parentesco puede ser reconocido a través de la embajada, y en el caso de que así no sea y fuera necesario realizar una prueba de ADN, será costeada por el interesado. En Italia, entre enero y septiembre de 2008, llegaron 23.600 inmigrantes, frente a los 14.200 del mismo periodo del año anterior, según datos ofrecidos por el propio ministro Maroni. Ante este aumento desproporcionado, ayer también se firmó en el Consejo de Ministros la apertura de diez nuevos centros de identificación y expulsión de inmigrantes, para «hacer frente a esta emergencia».