Las prostitutas víctimas de la trata de mujeres tendrán «garantías jurídicas y seguridad para que denuncien sin miedo» a sus proxenetas, lo que se traducirá en asistencia letrada gratuita, intérprete en su propia lengua, medidas de protección especiales, ayudas económicas temporales y un «período de reflexión» de un mes «sin que sean expulsadas» para que puedan decidir con calma sobre su posible colaboración con la Justicia. Así lo anunció ayer la titular de Igualdad, Bibiana Aído, tras presentar el borrador del Plan Integral de Lucha contra la Trata con Fines de Explotación Sexual a 24 organizaciones no gubernamentales.

En el Día Internacional contra el tráfico de seres humanos, la ministra no ahorró calificativos para denunciar esa «nueva esclavitud del siglo XXI» y ese «delito especialmente repugnante, lamentable y odioso» que convierte a las víctimas en «objeto de mercancía». Aído recalcó los «datos escalofriantes» de un comercio sexual al que cada año se someten a la fuerza dos millones de niñas en todo el mundo, y que en España también tiene perfiles inquietantes: el 90% de las prostitutas son extranjeras y el 80% son víctimas de trata de seres humanos. Sólo el 5% se encuentran en esa situación de forma voluntaria y libre.

Recursos económicos

La responsable de Igualdad reconoció que al plan integral contra la trata sexual, que exigirá la reforma del Código Penal, le quedan importantes detalles pendientes, empezando por la memoria económica, que está siendo desarrollada por los once ministerios implicados en la redacción del texto. Pero insistió en que «no faltarán recursos económicos» para aplicarlo.

Todavía no se ha determinado, por ejemplo, la ayuda que recibirán las víctimas durante el mes de «reflexión». Y tampoco se sabe exactamente cuál será su destino a partir de ese momento, tanto si la denuncia sigue adelante como si no. «Durante los 30 días estarán perfectamente atendidas, en casas de acogida o con ayudas económicas para permitirles su subsistencia, pero no se llevaría a cabo la expulsión», aclaró la ministra de Igualdad.

Lo que sí se conocen son algunas otras medidas contempladas, que incluyen una mejora de la formación de los profesionales que trabajan en ese ámbito y campañas para sensibilizar a la ciudadanía. El plan integral, que había sido prometido por el Gobierno para este 2008, tiene un horizonte de tres años, y las previsiones ministeriales apuntan a que sea aprobado en el próximo trimestre y «entre en vigor de forma automática». Aído, que prometió contar con las asociaciones para dar asistencia integral a las víctimas, enfatizó su deseo de que el proyecto final sea «realmente integral y participativo», por lo que el borrador será trasladado también a las comunidades autónomas para su estudio en la próxima Conferencia Sectorial y al representante especial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) sobre trata de seres humanos.

Fenómeno «complejo»

La responsable de Igualdad también puso el acento en «combatir las causas» de pobreza que abocan a la emigración a muchas mujeres de países en vías de desarrollo y las exponen a caer en manos de las mafias. Todo ello, apuntó Aído, hace que el fenómeno sea «muy complejo» y que las víctimas se encuentren en una situación de «especial vulnerabilidad.» De ahí la determinación compartida por el Gobierno y ONGs de hacer a las víctimas del comecio sexual «lo más fácil posible» tanto la presentación de la denuncia como la salida de esa «nueva forma de esclavitud», señalada como la segunda gran fuente ilegal de ingresos en el mundo después del negocio de las drogas.