MADRID. - El plan integral contra la trata con fines sexuales del Gobierno arranca rácano a ojos de los que velan por los derechos humanos por esas esquinas de seda y herrumbre.

Se lo hicieron saber las organizaciones sociales a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que ayer se presentó con el proyecto ya publicado por este periódico bajo el brazo.

Se endurecerá el Código Penal, se harán campañas para afear la demanda de prostitución, se perseguirá a través de la Fiscalía a los locales de alterne, se dará asistencia y ayuda económica a las que tiren de la manta… La racanería: en vez del mes de plazo que ofrece el Ejecutivo para que las víctimas decidan si denuncian a los proxenetas, la Red contra la Trata de seres humanos en España (25 asociaciones detrás, casi todas presentes ayer en la presentación del plan) propone medio año.

Aunque la normativa europea plantea 30 días de «reflexión», la petición de ayer viene al caso porque países como Italia o Bélgica dan seis meses de plazo de congelación de la expulsión de la prostituta inmigrante para ver si se aviene a denunciar. Dicho de otra manera, en ese espejo continental donde mirarse, España se agarra al mínimo.

«Nueve de cada 10 mujeres son forzadas y han sido víctimas», señaló la ministra de Igualdad. «El imaginario de una mujer que se dedica a la prostitución libremente no se corresponde con la realidad». Once ministerios han trabajado en la elaboración de este plan desde hace dos años. El proyecto estará detallado en diciembre, cuando haya recibido alegaciones de los colectivos, y contará con memoria económica.