J.A.

MADRID. Los principales sindicatos policiales han denunciado la falta de protección que encuentran estos profesionales en los vuelos de repatriación de ciudadanos extranjeros, al tiempo que advierten del riesgo de que situaciones de este tipo puedan derivar en «secuestros». La denuncia se produce un día después de que las autoridades de Gambia impidieran bajar de un avión a 101 inmigrantes que España pretendía devolver a su país y que estaban custodiados por 106 policías. La mayoría de los gambianos quedarán libres tras volver a territorio español al haber superado el periodo máximo de internamiento – cuarenta días – .

Al aterrizar en el aeropuerto de Banjul, los agentes del país africano se negaron al desembarco de los ilegales, alegando que en la documentación presentada por los policías españoles faltaba la firma de un alto responsable del Gobierno gambiano. Según fuentes policiales, los agentes iban desarmados y no contaban con más acreditación que sus pasaportes de turistas, por lo que demandan al Gobierno que tramite un permiso especial, consular o diplomático, que incremente su protección.

«No entendemos cómo el Gobierno no garantiza que estos vuelos se desarrollen con normalidad», lamentó Lorenzo Nebrera, portavoz de CEP, quien calificó los hechos como «una chapuza más» del Gobierno y una situación «surrealista».

El riesgo de un secuestro

La secretaria de comunicación nacional y portavoz del SUP, Begoña Romero, afirmó que el incidente «demuestra la ineficiencia de Interior» e insistió en la necesidad de que los policías cuenten con un documento que acredite su procedencia. «Algún día podemos tener un problema grave de secuestro», advirtió Romero. «El Gobierno debe hacer bien los deberes y no utilizar a los policías como moneda de cambio», señaló Alfredo Perdiguero, secretario de comunicación de UFP, quien aseguró que el sindicato se ha puesto en contacto con el Gobierno para pedir que mejore esta situación, sin obtener ninguna respuesta por su parte.

Perdiguero lamentó la «desprotección» con la que cuentan los policías que se prestan voluntariamente para realizar estos desplazamientos, a cambio de un incentivo económico.