La peripecia del avión en el que 101 inmigrantes de Gambia, custodiados por 117 policías españoles, viajaron al país africano y tuvieron que regresar a Canarias porque las autoridades gambianas les negaron el permiso para desembarcar pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta España en materia de inmigración ilegal. Según el Gobierno, todos los protocolos derivados de los acuerdos con Gambia sobre repatriación de inmigrantes sin papeles se habían cumplido y funcionarios de aquel país habían identificado a todos ellos en Canarias. España y Gambia firmaron un acuerdo de cooperación por el que nuestro país se comprometió a donar cinco millones de euros a cambio de que las autoridades gambianas colaboraran en el control de la inmigración ilegal. Pero ahora, una vez cobrado el dinero, se desentienden de su compromiso, lo cual es una burla hacia nuestro país en toda regla. Corresponde al Gobierno tomar buena nota de este episodio. Primero, para presionar diplomáticamente a las autoridades gambianas. Pero también para buscar cauces legales que permitan aumentar el periodo de internamiento para aquellos inmigrantes que – después de ser identificados – no sean aceptados por el país de origen. La mayoría de los 101 procedentes de Gambia que regresaron a Las Palmas serán puestos en libertad, al haber superado el periodo máximo de internamiento que recoge la ley.