La primera propuesta que el PSOE llevará a la subcomisión parlamentaria que va a estudiar la reforma electoral será la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la de la Ley de Extranjería para que los inmigrantes con cinco años de residencia puedan votar en las elecciones municipales.

Así lo ha anunciado hoy el portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, quien calcula que los cambios normativos necesarios podrán estar listos para que los extranjeros que residan legalmente en España puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones locales que se celebrarán en el año 2011.

El reconocimiento de este derecho, limitado únicamente a los comicios municipales porque así lo establece la Constitución, no podrá ser disfrutado por todos los emigrantes, ya que es preciso cumplir con el criterio de “reciprocidad” que fija como condición la propia Carta Magna.

Tras estudiar el asunto, el grupo socialista ha concluido que este criterio debe interpretarse del modo más amplio posible para que el derecho de sufragio activo y pasivo (elegir y ser elegido) se haga extensible al “máximo” número de extranjeros posible, en palabras de José Antonio Alonso.

Así, podrán votar aquellos inmigrantes que procedan de naciones en las que los españoles allí residentes también puedan participar de forma efectiva en “cualquier proceso electoral de naturaleza política”, bien sean comicios generales, locales, regionales o de otra índole.

Esto impedirá reconocer en España el derecho a los inmigrantes de algunos países, como Ecuador, cuya normativa interna prohíbe expresamente el voto de los extranjeros, pero sí lo abrirá a otros muchos que el portavoz socialista no ha precisado.

El requisito temporal general de cinco años de residencia legal, ha explicado también Alonso, será de sólo dos años para aquellos casos en que los extranjeros puedan tener derecho, en virtud de su procedencia, a obtener la nacionalidad española en esos dos años, sin que sea necesario que la hayan obtenido para poder acudir a las urnas.

El compromiso de reconocer el voto a los extranjeros fue adquirido formalmente por el PSOE en su último congreso, y aunque la subcomisión parlamentaria tiene por objeto abordar más reformas, como por ejemplo la que podría afectar al sistema de elección de los diputados, los socialistas quieren que esta sea su primera misión.

De forma paralela a la iniciativa parlamentaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando en un análisis exhaustivo de los convenios en materia electoral ya firmados con otros países y de los que sería necesario suscribir; de hecho, en agosto pasado, el Gobierno nombró a Gonzalo de Benito Secades embajador especial para negociar los acuerdos de reciprocidad que sean necesarios.

No obstante, José Antonio Alonso ha explicado que la existencia de un convenio no tiene por qué ser la única fórmula para que se pueda garantizar la posibilidad de votar a un extranjero.

En julio pasado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comunicó al Congreso que ya hay acuerdos con Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela que facilitarán la tarea y que también se podrían firmar tratados con Bolivia, Paraguay, Perú o Islandia.

Más difícil será que puedan votar los nacionales de China, Guinea Ecuatorial, India, Argelia, Pakistán, Brasil, Ecuador, Guatemala o República Dominicana, por las restricciones de su legislación interna que harían inviable el requisito constitucional de reciprocidad.