La Fiscalía y el Colegio de Abogados de Vizcaya pedirán una pena de tres años y medio de prisión para una letrada, un empresario y un colaborador de ambos acusados de estafar a una veintena de inmigrantes, en la vista oral que celebrará en las próximas semanas la Audiencia Provincial. Por su parte, la ONG Harresiak Apurtu solicitará un castigo de cuatro años y medio de prisión para cada uno de ellos y la inhabilitación de la profesional por un periodo de seis años.

Los hechos denunciados se remontan a 2005. Según la asociación sin ánimo de lucro, la letrada y los otros dos imputados convencieron a una veintena de inmigrantes de que podían ayudarles a legalizar su situación, coincidiendo con la regulación de trabajadores extranjeros llevada a cabo por el Gobierno. Uno de ellos actuó de gancho, mientras que el empresario creó una sociedad sin actividad «real» y que supuestamente les iba a dar empleo, siempre según la versión facilitada por Harresiak Apurtu. La letrada se encargaba de cobrar 1.200 euros por cada cliente. Finalmente, sólo siete de los veinte afectados denunciaron el caso.

Desde la ONG destacaron que el Colegio de Abogados de Vizcaya se haya personado en el proceso como parte afectada. Los representantes del gremio acusan a la imputada de «deslealtad profesional continuada». Y subrayan «el perjuicio causado, a tenor de la vulneración de los preceptos deontológicos y estatutarios de la Abogacía».

Cuatro casos

En 2005, Harresiak Apurtu denunció cuatro casos de estafa que afectaban a más de 61 ‘sin papeles’. Entre febrero y mayo de este año se celebraron dos juicios, obteniendo la asociación sentencias favorables. Uno de los procesos terminó con una condena de dos años de cárcel y dos de inhabilitación para otra letrada. El tercer caso puesto en conocimiento de las autoridades es el que en breve será enjuiciado, mientras que el cuarto se ha reabierto recientemente contra un dentista bilbaíno.