El ministerio fiscal solicita en su escrito de calificación una condena global de ocho años de cárcel para un portugués, vecino de Hormilleja, que explotaba a temporeros a los que había reclutado en su país bajo la promesa de pagarles treinta euros al día, más comida y alojamiento.
Hasta su detención, en el mes de agosto de 2004, les hizo vivir en una casa que no reunía condiciones higiénico sanitarias de habitabilidad aceptable. Además, cuando llegaba el fin de mes les acompañaba al banco a fin de cobrar los cheques nominativos, quedándose con el importe íntegro de la nómina, en torno a los 800 euros, y dándoles unos 20 euros cada fin de semana.
Según describe el fiscal, las víctimas carecían de dinero para el viaje y por miedo a represalias no se atrevían a volver a su país ya que cada vez que manifestaban su intención de irse les amenazaba con pegarles y matarles si buscaban otro patrón.
Al acusado, que no trabajaba y vivía a costa de estas personas, se le imputan tres delitos de coacciones y un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, deberá indemnizar a cada uno de ellos en la cuantía de seis mil euros por lo apropiado y por los daños morales.