ESTEBAN VILLAREJO

VALENCIA. ¿Funcionan ya los radares fijos para detectar la llegada de pateras ilegales a la Comunidad Valenciana? La cuestión que aparentemente tiene una fácil respuesta – sí o no – ha acompañado en las dos últimas semanas las comparecencias del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, sobre todo después de que el pasado 4 de septiembre arribara al puerto de Alicante una patera, con diez inmigrantes argelinos a bordo, tras ser avistados por unos pescadores vileros.

Sobre la cuestión tratante el Gobierno ha jugado al despiste con el ya característico… «ni sí, ni no, ni todo lo contrario». Así, el propio delegado del Gobierno aseguró que el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) – que ya ha sido instalado en Canarias y la costa andaluza – sí estaba operativos pero su ubicación no se podía desvelar por motivos de seguridad. Desde la Subdelegación del Gobierno en Alicante se admitió finalmente el hecho evidente: «No quiero desmentirlo, pero es cierto que los radares en la provincia aún no están operativos, están en fase de construcción», en palabras de la subdelegada Encarna Llinares.

Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) califica como «falso» el anuncio de que ya están instalados los susodichos radares fijos. La última vez que el delegado del Gobierno se manifestó en estos términos fue el pasado miércoles.

Desde la primera arribada de pateras, un total de 180 inmigrantes ilegales han llegado a la Comunidad. Una situación que podría reproducirse en los próximos meses si el Gobierno central no instala de una vez los radares fijos. Otro dato demoledor que desvela que el SIVE no ha sido instalado: los servicios del 112 fueron avisados antes por la llegada de las pateras en doce de los trece casos que ha registrado la Comunidad en apenas un año. Es decir, el 92 por ciento de los casos.

La explicación de Peralta de que no quiere desvelar la cuestión por motivos de seguridad (y mucho menos revelar la ubicación de los artilugios) es sorprendente pues en septiembre de 2007, tras la primera oleada de pateras en la Comunidad, el Gobierno anunció que instalaría cuatro radares fijos en la provincia alicantina: cabo de Roig (Orihuela), el faro de Santa Pola, Sierra Gelada (Benidorm), y el cabo de San Antonio (entre Jávea y Denia), con una inversión de 8,3 millones. En esa ocasión no hubo «motivos de seguridad».

A esos radares fijos, se sumarán otros tres dispositivos fijos en la provincia de Valencia: faro de Cullera, Puerto de Sagunto y una nave industrial aún por determinar. Este dispositivo, aún no instalado, podría detectar la llegada de embarcaciones a 150 kilómetros de la costa.