Prometían un futuro mejor a decenas de inmigrantes, pero en realidad sólo querían robarles su dinero. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado en los últimos días en Bilbao un grupo organizado de cuatro personas, todos ellos españoles, acusados de estafar a más de cien ciudadanos extranjeros. Los presuntos timadores exigían abultadas cantidades de dinero, que oscilaban entre los 1.200 y los 1.500 euros, a cambio de un contrato de trabajo en España para sus amigos o familiares.

Las investigaciones se iniciaron durante el pasado mes de julio, a raíz de la denuncia presentada por una ciudadana extranjera. Los presuntos estafadores – identificados como Emilio G.R., de 62 años; María Carmen F.G., de 40; Francisco S.M., de 38; y Jaime F. de A.M., de 41 años – daban falsas esperanzas a los afectados. Les hacían creer que sus allegados podrían entrar en España gracias al contrato laboral que les habían vendido, una vez obtenida la autorización de residencia temporal y de trabajo por cuenta ajena.

Los detenidos trataban de dar una apariencia de legalidad a sus actuaciones. Para no levantar sospechas entre las víctimas, presentaban ante la Administración una solicitud de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, además de una oferta laboral de una empresa. Después, entregaban copias de todos los documentos a los afectados, pese a tener la certeza de que las resoluciones presentadas serían denegadas. No en vano, la contratación de ciudadanos extranjeros no residentes se debe realizar en el país de origen del trabajador.

Orden de alejamiento

Tras las denegaciones de las solicitudes, los perjudicados comenzaban a protestar. Los estafadores mostraban entonces una nueva oferta de trabajo y pedían paciencia a las víctimas. Les decían que debían aguardar un poco más de tiempo hasta que la solicitud se resolviera. Una de las afectadas, sin embargo, no les hizo caso y presentó una denuncia que ha desembocado a la postre en la desarticulación del grupo.

Se da la circunstancia de que algunos de los detenidos ya poseía experiencia en actividades delictivas de estas características. En este sentido, el caso más relevante es el de María del Carmen F.G. Letrada de profesión, esta mujer se encuentra en la actualidad inhabilitada para el ejercicio de su profesión en virtud de una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que el pasado mes de mayo le condenó a dos años de cárcel por estafar a 39 inmigrantes con un procedimiento muy similar al empleado en este caso.

Jaime F. de A. M., por su parte, posee antecedentes policiales por varios motivos y tiene decretada una orden de alejamiento sobre la propia María del Carmen F.G. Los detenidos han pasado a disposición judicial. Los investigadores, sin embargo, no descartan que existan otras personas implicadas en los hechos. Las pesquisas policiales, por lo tanto, siguen abiertas.