MARÍA-PAZ LÓPEZ – Roma. Corresponsal

Los críticos temen que la medida recluya a las prostitutas en pisos, con mayor riesgo de explotación
La prostitución callejera se convertirá en delito en Italia, y se considerará que lo comete tanto la prostituta que ejerce en carreteras y parques como el cliente que paga para obtener sexo. Ambos afrontarán las mismas penas, cárcel y multa. El Gobierno de centroderecha que preside Silvio Berlusconi aprobó ayer un proyecto de ley que prevé al respecto detención de entre 5 y 15 días, y multas de entre 200 y 3.000 euros, penas que recaerían sobre prostituta y cliente. Si se descubre que la prostituta es obligada a ejercer con violencia o amenazas, será eximida de la pena.

Para los proxenetas, ya sean individuos u organizaciones delictivas para la explotación de la prostitución, habrá penas de entre 4 y 8 años de cárcel. En caso de menores, el castigo se endurece: el explotador de menores para la prostitución puede ser castigado con cárcel de 6 a 12 años, y con multas de entre 15.000 y 150.000 euros. El cliente de una o un menor afronta 4 años de prisión y una multa de hasta 6.000 euros, que pueden crecer si el niño prostituido tiene menos de 16 años.

“La prostitución es un fenómeno vergonzoso, que suele estar vinculado a la esclavitud, al abuso de menores, y que a menudo incluye violencia y violaciones, todo ello estrechamente relacionado con la prostitución callejera”, arguyó Mara Carfagna, ministra de Igualdad de Oportunidades e impulsora del texto junto a los titulares de Justicia (Angelino Alfano) e Interior (Roberto Maroni). La ministra cree que este proyecto de ley – que debe ser ratificado por el Parlamento, lo cual se da por sentado pues Berlusconi tiene cómoda mayoría en ambas cámaras- constituye “una bofetada durísima para quitar linfa al mercado de la prostitución”.

En Italia hay ahora unas 70.000 prostitutas, de las cuales el 94% son extranjeras (la mayoría sin papeles, presumiblemente), el 20% son menores, y el 30% son transexuales, según estimaciones de la Organización Internacional de las Migraciones (IOM). Cuentan con unos 9,5 millones de clientes, y generan un volumen de negocios ilícito de 90 millones de euros al mes.

La ministra Carfagna insistió ayer en que el Ejecutivo ve prioritario atacar la prostitución callejera porque así se golpea el proxenetismo y el crimen organizado que la rodea. No piensan así las organizaciones que tratan de asistir a las prostitutas, como Cáritas Italiana y otras nueve entidades, que temen que prohibir la prostitución en la calle recluya a las prostitutas en pisos, con mayor riesgo de explotación y abusos, haciéndolas más invisibles a las ONG y a la policía. En una nota conjunta, estas asociaciones argumentaron ayer que, “frente a la alarma y el disgusto que muchos ciudadanos sienten ante la prostitución, no existen atajos: hay que abordar al mismo tiempo la protección de los derechos de las víctimas de la explotación sexual, el apoyo para la inclusión social de quien se prostituye y busca una alternativa, la lucha contra el crimen organizado y la exigencia de seguridad ciudadana”.

Hace 50 años, una ley abolió el reglamento de la prostitución en Italia y declaró ilegales los burdeles, lo cual lanzó a las prostitutas a la calle. El nuevo proyecto de ley no aclara cómo combatirá la explotación de prostitutas en casas, un aspecto que preocupa muchísimo a las entidades que tratan de ayudarlas y protegerlas.