Pese al ocultismo de la operación, la elección es firme. Muskiz albergará un nuevo centro de acogida para menores en el barrio de San Julián. La Diputación pretende abrir sus puertas «de forma inminente», tras la adquisición de una antigua vivienda por valor de 654.000 euros. La compra se concretó en agosto, aunque aún no se han formalizado las escrituras. Sí ha comenzado, sin embargo, el equipamiento interior de la casa con camas y diverso mobiliario que se acumula ya en una de las habitaciones. El proyecto se ha desarrollado a espaldas del Ayuntamiento, que sólo ha tenido constancia del mismo «a través de los vecinos».
El futuro equipamiento tendrá capacidad para «ocho o diez» menores, de entre 15 y 18 años. Pese a la preocupación vecinal, los promotores de la iniciativa insisten en que no acogerá a jóvenes conflictivos, ya sean nacionales o extranjeros. Los usuarios procederán de familias desestructuradas, sin custodia o huérfanos. La casa formará parte de la red foral de centros de acogida, que suma ya medio centenar de instalaciones en Vizcaya, y estará gestionada por la Fundación Amigó. Todos los inquilinos llegarán escolarizados y acudirán a diario a sus respectivos centros educativos, aunque sea lejos de Muskiz.
El complejo se ubicará a la entrada del barrio, frente a la residencia de ancianos. En la casa conocida como ‘La Palmera’. Se trata de un inmueble de planta baja y dos alturas que se distribuye en cinco habitaciones, un par de cuartos de baño, un gran salón y una cocina. La finca se completa con casi 5.000 metros cuadrados de terreno libre que podría acoger futuras ampliaciones.
Aunque desde la institución foral se han negado a hacer público el proyecto, el Consistorio da por hecha la próxima apertura del centro. Fuentes municipales mostraron ayer su «profundo malestar», más que por la iniciativa en sí, por la falta de información. «Nadie nos ha dicho nada y hemos tenido que enterarnos por los propios residentes», recriminó el concejal de Bienestar Social, Marcos Cucó.
Sin licencias
En efecto, el Ayuntamiento de Muskiz no tuvo constancia del plan foral hasta el pasado agosto, cuando fue alertado por los residentes de San Julián. De inmediato se puso en contacto con la Diputación, que reconoció la puesta en marcha del proyecto por su cuenta y riesgo. «No necesita licencia de actividad ni de apertura», esgrimieron desde la institución provincial.
La Corporación ha hecho piña con la cuestión. El PSE, socio de gobierno de EA, solicita incluso el replanteamiento de la situación. «Está claro que este tipo de centros son necesarios y que en algún lugar tienen que estar, pero quizá éste no es el más indicado», argumentó el líder socialista, Fernando Martín.
El verdadero malestar, pese a todo, lo sufren los vecinos de San Julián. Se sienten engañados por la Diputación y defraudados por el Consistorio. «No queremos que se reproduzcan aquí los incidentes que han surgido en otras instalaciones similares», advierten preocupados.