La Guardia Civil detuvo ayer a mediodía a un menor de edad de nacionalidad española por su implicación en la reyerta ocurrida en la noche del sábado en Roquetas de Mar (Almería) en la que murió apuñalado el senegalés Ousmane Kote. Tanto él como el marroquí de 17 años detenido el martes por su vinculación con estos hechos son considerados coautores del homicidio por los investigadores, que deben determinar todavía su implicación exacta en lo ocurrido.

Según fuentes de la investigación, ambos participaron de principio a fin en la reyerta en la que un varón de nacionalidad española y que se encuentra en paradero desconocido apuñaló presuntamente al senegalés de 28 años, que habría tratado de apaciguar los ánimos entre los contendientes.

La Guardia Civil continúa las labores de búsqueda del supuesto homicida, que se dio a la fuga del lugar de los hechos ocurridos el sábado. El crimen desencadenó dos noches consecutivas de altercados en el barrio de las 200 Viviendas de Roquetas de Mar.

También ayer, el Juzgado de Instrucción 1 de Roquetas de Mar (Almería) dejó en libertad con cargos a otros dos subsaharianos que participaron en los disturbios, aunque deberán personarse ante el juzgado cada quince días para garantizar su presencia en el proceso.

Los dos varones, uno de ellos de Ghana y el otro de Gambia, fueron detenidos por la Guardia Civil en la tarde del lunes, el primero por su participación en los sucesos registrados durante la madrugada del domingo, horas después del asesinato de Kote, por los que ha sido acusado de delitos de desórdenes públicos, daños en vehículo y lesiones. El segundo subsahariano que quedó en libertad ayer opuso una resistencia activa a los agentes que practicaban un control de identificación.

El martes, otros siete implicados en los altercados quedaron en libertad con cargos, mientras que se decretó el ingreso en prisión para otro de los detenidos en relación con estos hechos.

Por su parte, colectivos de ciudadanos negros residentes en España y de gitanos hicieron público ayer una declaración conjunta en la que denuncian que los disturbios posteriores al crimen de Roquetas son consecuencia del «racismo institucional» que practican las administraciones públicas y que, a su juicio, causa entre ambas comunidades «graves niveles de exclusión» social.