La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió ayer a España del «poco éxito» cosechado por las medidas de incentivación para que los inmigrantes retornen a sus países. Así lo manifestó el director del departamento de Empleo de esta entidad, John Martin, que previno contra cambios bruscos en la política migratoria por efecto de la crisis económica durante la presentación del informe anual de la organización.

El secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, explicó que estas iniciativas sólo funcionan si en los estados de procedencia de los inmigrantes hay oportunidades reales de bienestar. Martin añadió otras dos razones que inciden en el caso español: en primer lugar, los derechos sociales de los que gozan los extranjeros irregulares, como el acceso gratuito a la sanidad, y, en segundo puesto, que les resulta «difícil creer en las promesas» de que podrían volver a instalarse en España al cabo de tres años.

Jean – Pierre Garson, otro de los responsables del informe ‘Perspectivas de las migraciones internacionales’, precisó que según los cálculos disponibles «sólo» 20.000 inmigrantes han retornado a sus países, y auguró que en los próximos años «va a haber un aumento de la inmigración familiar» porque los que ya están en España intentarán traerse a sus parientes.

A la cuestión de si se justifica el fin de los contratos en origen – como planteó el ministro Celestino Corbacho – Garson replicó que «los compromisos adquiridos por España (con determinados países) no son sólo en materia de inmigración», sino también incluyen aspectos de intercambio comercial o de cooperación.

Además, al igual que otros expertos de la OCDE, comentó que el cambio de coyuntura de la economía española no significa que desaparezcan las necesidades de mano de obra en todos los sectores o en todas las regiones. En este sentido, argumentó que comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña podrían seguir necesitando mano de obra extranjera.

Según el citado informe, España fue en 2006 el segundo país de los 30 miembros de la OCDE en recepción de inmigrantes legales con carácter permanente, con 388.600 personas, sólo por detrás de los 1.266.300 individuos llegados a Estados Unidos. El número de entradas se incrementó ese año en un 27% respecto a 2005.