LOS violentos incidentes protagonizados por inmigrantes airados como reacción al homicidio de un joven senegalés en una barriada de Roquetas de Mar (Almería) constituyen una seria advertencia sobre un fenómeno que puede repetirse allí donde no se han acometido políticas de integración adecuadas o se han dejado constituir auténticos guetos de marginalidad.

Aunque el alcalde afirma que el municipio es un “ejemplo de integración”, lo cierto es que el escenario de la violencia es un barrio degradado en el que se han asentado colectivos de inmigrantes que trabajan en los invernaderos del mismo municipio o del vecino El Ejido. Un conjunto multirracial, en el que conviven trabajadores procedentes de cien países, en su mayoría africanos, cuyo censo es difícilmente cuantificable aunque supera las seis mil personas. Poco a poco, los inmigrantes han ido desplazando a los habitantes originarios, en un proceso típico de guetización, en el que los problemas de convivencia se han agudizado a medida que ha hecho acto de presencia la droga y los problemas inherentes a ella: marginación, delincuencia y violencia. Una situación que se ha visto agravada con la crisis económica y el paro en la construcción.

Precisamente, el violento estallido de la madrugada del domingo pasado se relaciona con ese clima de marginalidad, aunque la causa del homicidio pueda ser por una cuestión menor, según algunas fuentes. La realidad es que más que una explosión de racismo o xenofobia, se trata de una cuestión relacionada con la pobreza y la marginación, aunque las consecuencias sean parecidas.

Agresión contra un inmigrante y, como respuesta, reacción violenta de sus compatriotas y amigos contra los agresores, todo rodeado de un sinfín de rumores y bulos sobre el origen del conflicto. Las víctimas son el inmigrante fallecido y la familia del presunto agresor en un fenómeno de acción-reacción en un escenario abonado: un barrio gueto que sufre una escalada de tensión por cuestiones de convivencia. El resultado es un enfrentamiento racial que con mucho esfuerzo ha podido contener la policía. Pero la causa es, sin duda, haber dejado que un barrio se deteriorase hasta el extremo de convertirse en una concentración de población excluida y marginal, donde es latente el conflicto por la supervivencia.

Ahora se impone que entre todos sepan contener la violencia, empezando por el Ayuntamiento del municipio, que es el que tiene que evitar los guetos urbanísticos – lo que no se ha hecho- y alertar cuando el conflicto se encuentra al límite. A ningún edil ha debido cogerle por sorpresa un estallido como el vivido en esa ciudad almeriense. También la Junta de Andalucía debe velar para desmontar estos guetos, que son campo abonado para la violencia. La experiencia dicta que no actuar a tiempo contra la marginalidad social y urbanística termina pasando facturas muy caras en la necesaria cohesión social. Finalmente está la labor del Gobierno, que debe ser muy pedagógico y no mostrar las ambigüedades de que ha hecho gala estos últimos días con respecto a la inmigración. Hablar claro y actuar de forma decidida es siempre rentable política y socialmente. Lo ocurrido en Roquetas es una advertencia.