Disturbios callejeros, ocho detenidos y cuatro agentes de la Guardia Civil heridos es el triste balance de los sucesos acaecidos en Roquetas de Mar (Almería). La muerte violenta de un joven senegalés está en el origen de unos hechos sintomáticos que podrían repetirse en otras localidades españolas si salta la chispa que destapa ciertos problemas latentes. Es comprensible que el alcalde se preocupe por el buen nombre del pueblo y defienda la convivencia entre los vecinos. Sin embargo, es más preocupante que el ministro del Interior se apunte rápidamente a la teoría del «caso aislado». Aunque el origen de la agresión no sea el racismo, sino el tráfico de drogas, la situación creada tiene mucho que ver con una realidad insoslayable: en Roquetas hay más de 25.000 inmigrantes censados, lo que representa casi el 31 por ciento de la población, una cifra que desborda cualquier previsión razonable. La política de inmigración del Gobierno en la pasada legislatura estuvo inspirada en un absurdo buenismo que se tradujo en un inaceptable «papeles para todos». Ahora el ministro Corbacho, con la experiencia de su etapa municipal, habla de imponer restricciones a los contratos en origen, pero sus superiores le reprochan cualquier apelación al realismo. En medio del desbarajuste y la improvisación, el deterioro de la convivencia multiplicado por los efectos de la crisis económica puede producir resultados dramáticos en determinadas circunstancias.