Cientos de ecuatorianos permanecen en  cárceles de los Estados Unidos. 

Segundo Gualli se dio cuenta de que al finalizar la travesía ilegal en un barco pesquero, de Ecuador a Guatemala, estaban solo 85 de los 86 migrantes que zarparon con él desde una playa de Manabí. “Uno cayó al mar, pero a nosotros, para tranquilizarnos, los coyotes nos dijeron que estábamos completos”.

Él vio cómo en el desierto de Estados Unidos murió una compañera de viaje y su cuerpo quedó tendido bajo unos arbustos; observó, impotente, como otro emigrante ecuatoriano se desmayó y también quedó abandonado. Al final, él debió huir en desbandada junto a un compañero cuando los agentes de migración perseguían a su grupo con perros, caballos y armas de fuego. Pero se extravió en el desierto y luego cayó preso; estuvo recluido en Florence durante tres meses y fue deportado junto a otros 113 compatriotas el pasado 25 de abril.

Hoy, cuatro meses después de su retorno, Gualli reclama porque no se ha cumplido ninguna oferta de ayuda de la Secretaría del Migrante, cuyo personal –asegura– le pidió todos sus datos. Debe  $ 6.000 a sus parientes y vecinos, dinero que le pagó al coyote, un hombre de Cuenca que  ya ni contesta el celular y no  quiere devolver el dinero sino que le ofrece otro viaje.

Su realidad es similar a la de los casi 2.000 ecuatorianos que en el lapso de 20 meses han sido deportados desde cárceles estadounidenses. Unos han sido atrapados luego de ingresar ilegalmente desde México; otros han vivido algún tiempo en ese país y han sido sorprendidos por los agentes de Migración.

El pasado viernes llegaron otros  62 migrantes  deportados y algunos con ganas de volver a intentar el viaje.

Aquí en el país cada uno debe enfrentar una carga de tormentos, como Segundo Gualli. Él no sabe cómo pagar los $ 6.000 que prestó para entregar al coyote que lo llevó por barco al sur de Guatemala, y desde ahí, por tierra, lo enrumbó clandestinamente por México a  EE.UU.

En su comunidad de Pungupala Alto, cantón Alausí (Chimborazo), Gualli siente impotencia porque solo obtiene cinco dólares al día como jornalero. Reside en casa de sus suegros. Las casi cien familias de esta comunidad viven la misma realidad. Los terrenos solo producen una cosecha de cebada al año, que se vende a un promedio de 80 dólares el quintal.

“No hay en qué emplearse. Uno debe salir a la ciudad para ganar algo, pero igual eso no alcanza. Del gobierno no recibimos nada. Aquí ni siquiera sabemos eso de la Constitución”, menciona Gualli. Hacen eco sus vecinos de apellido Cuji, Tigse y Charicando, quienes dicen que sería ideal que se instalara un proyecto productivo.

Una decena de hombres de esta zona ya han emigrado a EE.UU. y sus vecinos quieren emularlos, aunque tienen temor porque escuchan las penurias que pasó Gualli.

Las deportaciones desde EE.UU. siguen.  Susana Silva, coordinadora de la Defensoría del Pueblo en Guayas, señala que Amanda Merrit, dirigente de los migrantes ecuatorianos en EE.UU. y quien actúa como delegada de la Defensoría en ese país, mantiene contactos en las cárceles para canalizar el retorno de los detenidos.

Pero Pat Vintimilla, presidente de ILCI (Consultores de Ley Migratoria Internacional), con sede en Cuenca, señala que la Secretaría Nacional del Migrante debe tener un grupo de abogados para defender a los ecuatorianos presos. “Lo que necesitan los migrantes es ayuda legal. Si bien no se puede evitar una deportación, se puede alargar y hasta obtener alguna ventaja como víctimas de los traficantes de personas”, dice.

La secretaria del Migrante, Lorena Escudero, afirma que el gobierno no puede prohibir que la gente migre, pero asegura que se ejecutan proyectos para que los campesinos tengan un mejor nivel de vida.

Testimonio
Segundo Gualli, migrante deportado de EE.UU.
“Cuando cruzamos la frontera de Estados Unidos éramos un grupo de 28. Los de la patrulla nos descubrieron y un amigo y yo corrimos. De una montaña vimos cómo les cogían a los demás; los de la patrulla andaban armados, tenían perros y caballos. Tres días anduvimos perdidos, hasta que llegamos a una gasolinera y los empleados nos encerraron y llamaron a las patrullas de Migración.

Cuando nos metieron en la cárcel nos tenían en un cuarto pequeño. Ahí debíamos hacer nuestras necesidades. Nos tuvieron metidos como tres días sin comer, porque no dimos nuestros nombres. Los coyotes dijeron que no digamos que somos ecuatorianos sino de México. Dar esos datos a nosotros nos afectó demasiado. En la cárcel pedíamos papel, no daban; pedíamos agua, nada. Se hacían los que no entendían. Después de tres días ya habían completado presos para el viaje del bus y nos mandaron a otra cárcel. Nosotros no entendíamos nada de lo que nos decían, por eso nos tenían encerrados por más tiempo. Llegamos a la cárcel de Los Ángeles. Ahí me encontré con ecuatorianos y ellos me aconsejaron que dé mis datos verdaderos para que ayuden. De sesenta que estábamos en un pabellón, catorce eramos ecuatorianos. Todavía quedaron muchos”.