LA desautorización al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, es un grave episodio de descoordinación en el seno del Gobierno socialista. El ministro Corbacho pudo equivocarse cuando anunció sorpresivamente el cierre de la política de contratación de inmigrantes en sus países de origen. Pero la responsabilidad política de este patinazo se extiende también a Fernández de la Vega, responsable de la coordinación de los diversos ministerios. La supresión de la contratación en origen hubiera supuesto cancelar la mejor opción para fomentar la inmigración legal y combatir la ilegal, además de establecer una incorrecta relación de causalidad entre recuperación de empleo y restricción de la inmigración. Corbacho aceptó su error, demostrando nuevamente que es un político sensato y consciente del difícil papel que se le ha encomendado, que no era otro que el de asumir el nuevo discurso, más ingrato y áspero, que Zapatero quería imponer en materia de inmigración tras las elecciones generales de marzo pasado.

Parecía lógico que una revisión tan radical de la política migratoria como el cierre a la contratación en origen fuera una decisión ampliamente debatida en el seno del Gobierno y en el marco de las medidas para la superación de la crisis económica, lo que habría tenido que implicar al Ministerio de Economía y Hacienda. Resulta sorprendente que el ministro de Trabajo se pronunciara por libre, comprometiendo al Gobierno, afectando a las relaciones con otros países y sorprendiendo a sindicatos y empresarios el mismo día en que se había reunido con unos y otros. Pero más sorprendente es que su posterior rueda de prensa no estuviera preparada con La Moncloa – dado el énfasis que pone el presidente del Gobierno con el «diálogo social» – , así como la facilidad con que la vicepresidenta ha dejado expuesto a Corbacho ante críticas que han sido absolutamente desproporcionadas, como las que han acusado al ministro de Trabajo de fomentar la xenofobia.

Cuestión distinta es que Corbacho, apoyado ayer por Miguel Sebastián, haya puesto sobre la mesa un problema políticamente incorrecto, pero que habrá que abordar en algún momento. Parece razonable preguntarse si un desempleo cifrado en más de dos millones y medio de personas es compatible con mantener intacta la política de inmigración seguida hasta el momento y basada en unas condiciones económicas que han desaparecido. O, formulando la pregunta de otra manera, si no hay en las listas del INEM desempleados aptos para cubrir los puestos que se están asignando a los inmigrantes contratados en su país. La contratación en origen no es el problema, porque representa la más estricta legalidad, sino la consolidación de un sistema público que desincentiva a ciertos desempleados para aceptar trabajos que, objetivamente, pueden ser duros, pero representan una oportunidad y se corresponden con su experiencia laboral. El caso de la actividad agrícola es incuestionable. Es cierto que Corbacho, cuando se pronunció sobre la contratación en origen, no tuvo en cuenta la realidad del mercado, que es la que hace que los empresarios agrícolas reclamen mano de obra extranjera, porque no hay otra que quiera ocupar puestos de temporero. El Gobierno del PP intentó corregir en parte el problema estableciendo unos criterios muy razonables de permanencia limitada en las listas del paro. Le costó una huelga general y retiró el decreto.

Ha habido una desmesura en las críticas políticas al ministro de Trabajo. Eligió mal la forma y distorsionó el fondo de su mensaje, pero superada la polémica, el problema permanece y si un desempleado rechaza un trabajo en el campo para el que está cualificado y hay que contratar a un inmigrante, la obligación del Gobierno es revisar el sistema de subsidios y erradicar estos hábitos que no son aceptables en un período de austeridad y esfuerzo colectivo. También está obligado a mejorar sensiblemente su coordinación.