No fue José Luis Rodríguez Zapatero quien desautorizó ayer a Celestino Corbacho, como le reclamaron algunos. Pero la rectificación fue al máximo nivel, en todo caso, con posterior mea culpa entonado por el ministro de Trabajo e Inmigración. La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, fue la encargada de intentar poner fin a la cascada de críticas con que la oposición, los sindicatos, las distintas patronales y las asociaciones de inmigrantes recibieron el cerrojazo anunciado el pasado miércoles por Corbacho a la contratación de extranjeros en origen. “Habrá las contrataciones en origen que se necesiten”, sentenció De la Vega, que defendió la utilidad y eficacia de este tipo de contratos para el mercado laboral español. Y aseguró que las intenciones del Ejecutivo no han variado en esta materia porque es la mejor fórmula para que la inmigración entre “de forma legal y ordenada”.

No se pueden vincular las altas tasas de desempleo (2,5 millones) en España, en todo caso, con la regularidad de los flujos migratorios. Y, además, eliminar este cupo supone abrir la puerta a la entrada de más personal de forma ilegal, actuación que contradice la orientación de la política en esta materia llevada a cabo hasta la fecha por el PSOE.

Tras el tirón de orejas de la vicepresidenta, fue el propio ministro Corbacho quien, en declaraciones a la Ser, reconoció: “No soy perfecto”. Y asumió su error por la manera en que había explicado sus intenciones. El ministro matizó de forma severa sus palabras: “Lo único que dije es que las contrataciones se corresponden a un catálogo que se aprueba cada tres meses. Hay que ponerlo en relación con el mercado laboral actual. Hay muchísimas ocupaciones que si se pueden cubrir con los dos millones y medio de parados, sean españoles o extranjeros, parece razonable que se cubran con ellos. Y si hace falta recurrir a gente de fuera, que pasará, pues se recurre a la especificidad de extranjeros”.

El problema fue de matices. Corbacho dijo el pasado miércoles que su intención era que el cupo se “aproximase a cero”, así como reducir la cifra y lista de profesiones que llevará a los Consejos de Ministros durante el 2009.

La rectificación del Ejecutivo se debe a que determinados trabajos, como la asistencia a personas mayores 24 horas, peones agrícolas o camareros, resultan difíciles de cubrir por desempleados que viven en España. Incluso hay otros empleos, como médicos o enfermeras, cuya demanda es superior a la oferta existente.

Fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración sostienen que sí se van a revisar las profesiones demandadas, así como el catálogo, y que se mantendrán aquellos puestos en los que “resulte difícil” encontrar personal. El resto será cubierto por personas que viven en España y se encuentran en situación de desempleo.

Corbacho puso como ejemplo en la radio el caso del municipio de Cartaya (Huelva), en el que trabaja mucha gente del Magreb recolectando la fresa, pero cuando termina la temporada se marchan. “El 98% de la gente que viene a trabajar en temporada vuelve a Marruecos”, aclaró.

También explicó que el paro afecta más a la comunidad inmigrante que a los propios españoles. “El 16% de los inmigrantes está en paro y los ciudadanos extracomunitarios sufren mayor porcentaje de paro porque fueron los últimos en incorporarse al mundo laboral”.

Sea como sea, el año que viene las comunidades autónomas volverán a elaborar el catálogo de los puestos sin cubrir. Después, se analizará cómo se cubren en una mesa tripartita con los agentes sociales.

Hasta julio de este año, se han firmado 88.180 contratos de este tipo.

El anuncio de Corbacho provocó malestar entre los sindicatos porque, entre otras cosas, el tema no se trató para nada en la reunión mantenida previamente. Por ello, cayó como un jarro de agua fría. Después, quizás se sacó de contexto y se percibieron hasta tintes xenófobos.