El endurecimiento de la política de inmigración por el que apostó José Luis Rodríguez Zapatero con la sustitución de Jesús Caldera por Celestino Corbacho está provocando tensiones internas en el Gobierno y voces críticas, aunque todavía soterradas, en el PSOE.

La planificación del giro hacia el “pragmatismo” que niega el Ejecutivo la dejó muy clara el nuevo ministro de Trabajo cuando en julio dijo a la revista Trámite Parlamentario, en una entrevista que publica en su número de este mes: “La política de inmigración de Jesús Caldera fue magnífica, pero ya está amortizada. Yo vengo del mundo de la realidad, y hay dos discursos en la inmigración que no sirven para nada: los discursos de salón teóricos y los discursos de que ‘yo en 48 horas lo resuelvo todo’”.

Atajar la inquietud

Su anuncio de que desaparecerán las contrataciones en origen de inmigrantes obligó a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, a salir a la palestra para intentar capear el temporal y cortar un “debate inexistente” provocado por lo que es un pronóstico más que una medida concreta.

“La contratación en origen va a seguir existiendo. No ha cambiado la política de inmigración, lo único que cambia es el mercado laboral”, dijo la portavoz tras la reunión del Consejo de Ministros.

En una declaración muy medida, evitó toda referencia a que ese mercado se caracteriza, en estos momentos, por el crecimiento del desempleo, que, precisamente, afecta especialmente a los inmigrantes y al electorado potencial del PSOE.

“El fondo del tema”

Fue el propio Corbacho quien rectificó, en la cadena Ser: “Nunca he dicho que haya que liquidar la contratación en origen”. Pero, tras reconocer que sus declaraciones “han creado una situación compleja desde el punto de vista de la inquietud”, subrayó que “lo importante es quedarse con el fondo del tema”.

Y el fondo del tema, según reiteró, es: “Contratación en origen toda la que haga falta, pero cuando las personas que tengamos aquí, de cualquier nacionalidad, hayan tenido la oportunidad”. Es decir, que si las necesidades del mercado laboral son cubiertas por españoles o inmigrantes que ya residen en España, la contratación en origen se vería limitada por la vía de los hechos sin necesidad de asumir ningún desgaste político. De ahí lo que algunos interlocutores califican ayer de “impericia declarativa” del ministro.

Un trabajo de años

Así pues, la rectificación es de forma, no de fondo. Las formas de Corbacho no sólo han provocado incertidumbre pública, sino tensiones internas en el Gobierno al hacer tierra quemada de los años de intenso trabajo diplomático que costó poner en pie los convenios de cooperación para la contratación en origen como instrumento para combatir la inmigración irregular y las avalanchas de pateras.

Este es el objetivo fundamental de los acuerdos de cooperación como el aprobó el Consejo de Ministros con la República de Níger.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, aprovechó para defender que suprimir esa fórmula supondría “liquidar la inmigración legal”.

En medio de esta controversia, la secretaria de Inmigración y Convivencia del PSOE, Bernarda Jiménez, está “ilocalizable”.