CÓRDOBA. Un verdadero desastre para la patronal agraria cordobesa y una medida adecuada desde el punto de vista sindical. Así se vio ayer en la provincia la decisión por parte del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de eliminar los contratos en origen de inmigrantes , especialmente rumanos, para las campañas agrarias, que sólo en Córdoba afectaría a unas 3.000 personas, según las cifras aportadas por Asaja, UPA y COAG.
«No hay en Andalucía una campaña, ya sea la fresa, la aceituna, la naranja o la uva, que no esté implicada con la mano de obra extranjera, y, si esa medida se cumple, la agricultura cordobesa se va al garete», advirtió el presidente de Asaja-Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa.
«No quieren trabajar»
Y es que si la excusa del ministro es que hay suficientes parados en el país como para no tener que traer extranjeros desde sus países de origen, las tres patronales agrarias le contestan que aquí, al menos en lo que a Córdoba se refiere, «no hay gente que quiera trabajar en el campo».
Valga como ejemplo de ello el caso ocurrido el pasado año a Francisco Garrido, secretario provincial de UAGA-COAG, en la oficina del INEM de Pozoblanco. «Fuimos allí a pedir 18 trabajadores y cuando se les remitió la carta correspondiente, casualmente todos ellos al día siguiente tenían un trabajo y no se presentó ninguno, por lo que tuve que pedir favores en Huelva para que nos enviaran gente de la fresa».
Por el momento, la UPA es la única organización agraria cordobesa que se encuentra ya en Rumanía eligiendo su contingente. Según su secretario provincial, José Luis Gutiérrez, en total contabilizan unos 800 rumanos, de los que 500 son nominativos (es decir, que repiten campaña en España) y se han seleccionado definitivamente a otros 310.
«Como no sabemos lo que va a pasar con los nominativos y si van a acudir cuando se les llame, contamos con un fondo de reserva de 30 personas para tirar de ellos».
Son, en palabras suyas, gente que conoce el campo y a los que no les asusta trabajar cogiendo aceitunas a varios grados bajo cero en la Subbética, por ejemplo, mientras que hay trabajadores españoles o extranjeros residentes en España que consideran esta labor dura «y no la quieren».
UAGA-COAG iniciará su elección también en Rumanía dentro de dos semanas. En total, traen a 280, aunque las peticiones iniciales eran de 350. «Lo que pasa es que han llegado ya gente procedente de la construcción para pedir trabajo y por eso el contingente es menor». Según Garrido, si el Gobierno quiere eliminar el contingente, primero tendría que depurar el fraude en las listas desempleo para ver quién está realmente en paro, «pero no quieren hacerlo, porque son un filón de votos para un determinado partido».
Asaja, por contra, prevé traer también de ese país un contingente de unas 1.800 personas, que evitará la presencia de trabajadores ilegales en el tajo.