El propósito del ministro Corbacho de “igualar a cero” la contratación de inmigrantes en sus países de origen supone tanto una revisión de fondo de la política defendida por los socialistas hasta las pasadas elecciones, lo que plantea cuestiones de principio respecto a la ordenación solidaria de los flujos migratorios, como una lógica de dudosa racionalidad económica. El mero hecho de que fuesen 200.000 los contratos de este tipo suscritos durante 2007 y que durante el presente año se hayan formalizado otros 80.000 refleja que una parte de la oferta de empleo en España va encaminada a atraer mano de obra foránea. No sólo resultaría excesivamente simplista colegir que la pérdida de empleos a causa de la crisis inmobiliaria y en los servicios sitúa los puestos que en adelante se brinden en manos de trabajadores autóctonos. Además, la decisión anunciada contribuye a presentar el problema en un clima de competencia entre españoles y extranjeros; e incluso la concurrencia de estos en nuestro mercado laboral como un factor directamente perjudicial para las expectativas de los nacionales.

El compromiso creciente del Gobierno, en línea con las posiciones comunes que están adoptando los socios europeos, para impedir en lo posible la llegada de inmigrantes indocumentados a España adquiere todo su sentido si se mantiene un cauce regulado para acoger a aquellas personas que vengan a nuestro país bien por la vía del reagrupamiento familiar, bien atendiendo a la oferta de trabajos para los que resulten aptos y decidan desempeñar. Junto con ello, las intenciones del Ministerio requerirían cuando menos una clarificación adicional, dado que en las fechas previstas por el mismo para poner en marcha un plan de retorno de dudosa eficacia ha procedido a formular una medida cuyo mero anuncio podría invalidarlo. La idea de que primero han de ser los españoles y luego los inmigrantes quienes aspiren a ocupar los puestos de trabajo que se oferten puede ser, a primera vista, bien recibida por la opinión pública. Pero encierra un sesgo dañino para un país cuyo futuro sólo puede imaginarse plural y de acogida. La potestad reguladora del Estado en materia de extranjería debe tener en cuenta las fluctuaciones del mercado laboral. Pero ha de ser ese mismo mercado, más que el regulador público, el que en última instancia restrinja o incremente la contratación de inmigrantes . Y, de momento, las organizaciones agrarias ya han alertado del peligro que para la recolección de las cosechas puede tener el parón en la contratación de extranjeros.