El propósito del ministro Corbacho de ‘igualar a cero’ la contratación de inmigrantes en sus países de origen implica tanto una revisión de fondo de la política defendida por los socialistas hasta las pasadas elecciones, lo que plantea cuestiones de principio respecto a la ordenación solidaria de los flujos migratorios, como una lógica de dudosa racionalidad económica. La potestad reguladora del Estado en materia de extranjería debe tener en cuenta las fluctuaciones del mercado laboral. Pero ha de ser ese mismo mercado el que en última instancia restrinja o incremente la contratación de inmigrantes en origen.