El ministro de Trabajo se vio obligado ayer a rectificar su decisión de suspender la contratación de extranjeros en origen a partir de 2009. En principio, Celestino Corbacho anunció que el Gobierno «aproximaría a cero» la importación de mano de obra limitando el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Sin embargo, fuentes ministeriales especificaron ayer que la reducción del contingente de trabajadores extranjeros no afectará a los temporeros, lo que supone rebajar sustancialmente el alcance de una propuesta tendente a acabar con el sinsentido que supone que un país que acumula ya dos millones y medio de parados siga importando mano de obra.

La avalancha de críticas por parte de sindicatos, empresarios, asociaciones contra el racismo, oposición y buena parte de los colectivos de inmigrantes han forzado la marcha atrás. El ministro ha cedido a las presiones de quienes, además de acusarle de fomentar la xenofobia, han advertido acertadamente que los trabajadores extranjeros acometen las tareas que los españoles se niegan a realizar.

En este sentido, señalan un fenómeno sociológico singular, que tal vez requiera una revisión en profundidad no ya de la fracasada política de extranjería del Gobierno, sino también del sistema de prestaciones sociales por desempleo. ¿Acaso es lógico que con una tasa de paro que podría pasar del 11% al 16% en sólo dos años – según las últimas estimaciones de las cajas – se dé por bueno que el Estado tiene que pagar el desempleo a quienes se niegan a desempeñar determinados trabajos por considerarlos poco dignos o propios de inmigrantes ? ¿No sería adecuado replantear la reforma lanzada por el PP para que quienes rechacen reiteradamente varias propuestas de trabajo acordes con sus características pierdan su paro?

Es muy llamativo que, entre enero y julio, periodo en el que el desempleo ha crecido a un ritmo de más de 57.000 personas al mes, el Gobierno haya autorizado más de 106.000 permisos de trabajo a extranjeros. Tanto como que sólo 16 de los 800 parados españoles entrevistados por el INEM de Huelva se hayan demostrado dispuestos a recoger la fresa.

La medida apuntada y descafeinada por Corbacho no es racista ni xenófoba, ya que tendía a ajustar la demanda y la oferta de trabajo y – por tanto – a reducir un desempleo que afecta especialmente a los extranjeros legales, principales paganinis de la crisis. Se trata de una medida acertada ante el grave deterioro de la economía y ante la singularidad de un país en el que, por primera vez, coinciden un paro muy elevado con un alto índice de inmigrantes .