Los inmigrantes afincados en la capital alavesa se enfrentan a la dispersión a la hora de realizar sus gestiones burocráticas. A saber, si quieren solicitar un permiso de trabajo deben dirigirse a la Unidad de Extranjeros, situada en la calle General Álava, 10. Cuando lo que precisan es la tarjeta comunitaria de residencia, tienen que desplazarse hasta el cuartel de la Policía Nacional, emplazado en Betoño. Y en caso de que busquen la reagrupación familiar, entonces han de acudir al número 1 de Olaguíbel, sede la Subdelegación del Gobierno central en Álava. La institución que encabeza Gloria Sánchez se ha propuesto centralizar todos esos servicios bajo un mismo techo, el del Banco de España.
El edificio vecino, de corte neoclásico y ubicado entre la Cuesta San Francisco y Olaguíbel, es propiedad de Segipsa, la sociedad estatal de gestión inmobiliaria del patrimonio. Permanece sin actividad desde hace casi cuatro años. En concreto, desde el último día de 2004, cuando echó la persiana a 130 años de historia, y se sumó así a la clausura de otras veinte delegaciones nacionales, dentro del plan de reestructuración que la entidad llevó a cabo en todo el país.
La Subdelegación quiere acondicionarlo para trasladar allí a los cerca de setenta funcionarios que tramitan los papeles de los extranjeros domiciliados en Vitoria. En la actualidad, una media de trescientos ciudadanos inmigrantes acuden a alguna de sus tres ventanillas para solventar algún trámite.
La mudanza, eso sí, tardará en llegar. «Hay que encargar un proyecto de reforma, realizarlo, aprobar el presupuesto y llevarlo a cabo. Al menos pasarán tres años», admitió ayer al EL CORREO la representante del Gabinete Zapatero en la provincia. Antes, la institución deberá culminar la compleja reforma integral que acomete en su sede de Olaguíbel desde el pasado mes de junio. El inmueble, que en su día albergó las dependencias del Gobierno civil, forma junto a la delegación de Hacienda del Estado, la Comisaría de Policía y los viejos juzgados un complejo en forma de ‘u’ que fue construido entre los años 1946 y 1950, y que «se ha quedado obsoleto y ha dejado de ser operativo», apostilló la funcionaria.
Primer paso, a final de año
Las labores para la modernización del inmueble se centran en los pisos tercero y cuarto, plantas en donde se ubicaban las viviendas oficiales, pero afectarán a todo el bloque. Estos trabajos han obligado a parte de los empleados a mudarse de manera provisional a las dependencias de la delegación del Gobierno central, localizadas en el número 17 del Paseo Fray Francisco. Otro grupo deberá alojarse en un piso que la institución alquilará en la calle Prado. «Si bien en un principio pensamos en trasladarnos al Banco de España mientras duraran las obras, hemos visto que no es preciso y que nos podemos arreglar de otra manera», afirmó Sánchez.
La subdelegada calcula que la remodelación, que superará los 8 millones de euros de coste, estará finalizada antes de que acabe el año en curso. A partir de ese instante, echará la persiana en el local de General Álava, a donde los inmigrantes acuden para solicitar los permisos de trabajo y residencia, y proporcionará esos servicios en Olaguíbel. El acceso se efectuará entonces por el lateral más próximo al Banco de España. Será el primer paso para la centralización total de los servicios de extranjería.
El ambicioso plan de reestructuración que afecta a la primera manzana de Olaguíbel dejó ver sus primeros frutos hace apenas un mes, cuando se levantó el telón de la nueva plaza, bajo la que se ha construido un aparcamiento para uso exclusivo de los funcionarios. Tras años de obras y un retraso considerable debido a las dificultades técnicas de la excavación, la superficie dibuja otra postal muy diferente a la anterior. Ahora embaldosada, dos farolas escultóricas dotadas con cámaras de vigilancia sustituyen a los antiguos jardines.