El Gobierno y los agentes sociales acordaron ayer revisar los actuales planes y programas de empleo puestos en marcha por el Ministerio de Trabajo e Inmigración como punto de partida del diálogo social y como una de las medidas coyunturales que pretende poner en marcha el Ejecutivo para hacer frente a los últimos incrementos del desempleo.

Así lo puso de manifiesto el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tras reunirse con los interlocutores en el ministerio e inaugurar así la Comisión de seguimiento del Diálogo Social, que acordaron el pasado mes de julio durante la firma de la declaración del mismo.

Corbacho adelantó que uno de los principales acuerdos alcanzados ayer contempla el compromiso de informar “ampliamente” a la Comisión en los próximos quince días de los acuerdos y propuestas que se vayan aprobando en los próximos consejos de ministros, sobre todo en el que se celebrará el día 14 de septiembre, que se centrará en asuntos económicos.

Asimismo, aseguró que en esa reunión con los interlocutores se establecerá la metodología concreta a seguir para desarrollar el proceso de Diálogo Social reforzado con los agentes, que girará en torno a dos temas: las medidas estructurales que se puedan poner en marcha para cambiar el patrón de crecimiento de la economía española, y las medidas coyunturales que se abordarán este trimestre. Entre estas últimas, Corbacho se refirió a la necesidad de hacer una evaluación sobre los actuales planes de empleo para ponerlos “a cero” e identificar las prioridades ante una situación económica diferente a la que existía cuando se dio luz verde a cada uno de ellos. En este sentido, se comprometió a recopilar toda la información existente sobre dichos planes y llevarla a la Comisión para determinar un contenido “más acorde con esta situación”.

Recolocación

Corbacho, que aseguró que el Gobierno no va a renunciar a objetivos concretos de contratación pero tampoco será preciso en las cifras, aclaró que la revisión no afectará al “plan de recolocación” aprobado el pasado mes de julio, un plan “con vigencia y bien orientado” que el Gobierno pretende que esté “plenamente operativo” en septiembre o en octubre, ya que muchas comunidades autónomas ya están haciendo la selección de los 1.500 orientadores profesionales que contempla dicho plan.

Por otro lado, puso de manifiesto el compromiso adquirido con los agentes sociales para modernizar los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM), segunda medida coyuntural acordada con los agentes, y aseguró que el Gobierno ya está trabajando para disponer de una “hoja de ruta” antes del final de año y abordar esta modernización en función de las nuevas necesidades del mercado de trabajo.

También adelantó la intención del Gobierno de presentar las directrices principales sobre la reforma de la Formación Profesional comprometida con los agentes sociales en “los próximos y días o semanas”, así como el compromiso del Gobierno de desarrollar la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo con “la máxima rapidez posible”, por ser uno de los acuerdos alcanzados durante la pasada legislatura pendientes de desarrollo.

Tras enumerar cada uno de los acuerdos alcanzados durante el encuentro, el titular de la cartera de Trabajo destacó el “ambiente de trabajo” durante la primera reunión de la Comisión de seguimiento del Diálogo Social y constató la importancia de que tanto el Gobierno como los agentes “se pongan a trabajar” para identificar las puntos más importantes para afrontar el actual contexto económico. Así, puso de manifiesto la clara voluntad del Ejecutivo y de los agentes de trabajar conjuntamente para superar el actual periodo y entrar en un proceso de “mejora económica” y aprovechar el periodo de “crisis económica” para lograr un crecimiento “diferente y más sostenido”.

Menos extranjeros

Mientras tanto, el paro no sólo contribuirá de forma decisiva a deteriorar las cuentas públicas, al menos, durante este año y el próximo, sino que también ha forzado al Gobierno a reducir al mínimo la contratación de extranjeros en sus países de origen, que incluso se “aproximarán al punto cero”, según advirtió Corbacho.

El ministro, en un lenguaje llano y sin tapujos, anunció de forma pública que el Ejecutivo tiene previsto restringir de manera drástica las contrataciones en origen, al menos, durante 2009 y mientras duren las dificultades económicas. Y es que, como argumentó de manera gráfica el ministro, “no parece razonable que en un mercado como el español, con 2,5 millones de desempleados, sigamos recurriendo a esa fórmula”. Por ello, tras adelantar que entre enero y julio se firmaron 88.180 contratos de ese tipo eso sí, menos de la mitad que hace un año, cuando se suscribieron 200.000 compromisos laborales en el mismo período, dijo que el próximo ejercicio no va a ser “tan generoso y amplio” a la hora de elaborar un catálogo de posibles ofertas de empleo (dentro de las llamadas “ocupaciones de difícil cobertura”) para el colectivo de demandantes foráneos, y que así se lo comunicará al resto de gabinete en el Consejo de Ministros.

No obstante, el titular de Trabajo e Inmigración confirmó a los periodistas que se respetarán los convenios internacionales y acuerdos bilaterales suscritos con otros países en esa materia.