LA muerte de catorce inmigrantes que, junto con otros cuarenta y seis, pretendían llegar a las costas canarias, es la trágica constatación de que la inmigración ilegal sigue presente como un problema prioritario de las sociedades desarrolladas y de sus gobiernos. Es cierto que la comparación con las cifras de años anteriores demuestra una reducción en 2008 de la llegada de cayucos – aunque el número de muertos es aterrador – , pero sería un error relativizar los datos y despreciar un análisis de fondo sobre los mismos. Las giras y los acuerdos diplomáticos del Gobierno con los países subsaharianos han aminorado el flujo migratorio hacia nuestro país, pero no tanto como debería corresponder al esfuerzo político y económico desplegado, según la información oficial, por la administración española. Otros factores sobrevenidos son inquietantes para la evolución de los acontecimientos, como la convulsión política que vive Mauritania tras el golpe de Estado militar. Cualquier mínima alteración en la zona produce efectos en cadena que, antes o después, se convierten en más cayucos hacia España.

Además, sigue pendiente una estrategia definitiva de la Unión Europea para presionar a los países de origen y proteger su frontera sur con dispositivos permanentes de control y vigilancia de las costas africanas. Los socios europeos han criticado con razón la regularización masiva de inmigrantes ejecutada por el Gobierno socialista en 2005. Bruselas aprobó recientemente una directiva de retorno de residentes ilegales que, por fin, establece un marco común en la lucha contra la inmigración, con una apuesta muy clara por la «tolerancia cero» con la ilegalidad y las mafias de trabajadores. Pero, al mismo tiempo que lanza reproches, Bruselas debe contribuir con medios humanos y materiales a una política de disuasión en las zonas de origen de las rutas de los cayucos. Las aportaciones temporales no son eficaces y sólo hacen que las mafias busquen rutas alternativas o cambien sus calendarios a la espera de que se relajen los despliegues. Por su parte, la falta de peso diplomático del Gobierno socialista hace que la indiferencia europea no se vea contrarrestada con un respaldo determinante a nuestras reclamaciones por otros Estados igualmente afectados por la inmigración ilegal.

Al menos, el Gobierno ha cambiado en parte su discurso sobre la inmigración ilegal. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, parece haber comprendido que no está reñido ser socialista con ser realista. Su forma de enfocar la cuestión es sensata y, de haberse utilizado en la anterior legislatura, habría facilitado más de un acuerdo con el PP. Sin embargo, los resultados de algunas iniciativas de su ministerio, como la de retorno voluntario de los inmigrantes que han perdido su empleo, no están siendo los esperados. El voluntarismo de la anterior legislatura ha resultado muy negativo para establecer la imagen de un país serio y firme en el cumplimiento de la legalidad interna y en el respeto a la solidaridad con los socios europeos. Por eso siguen llegando inmigrantes sin papeles y no sólo en cayucos, también a través de aeropuertos y de la frontera francesa.

La crisis económica agrava la situación, porque en 2005, la bonanza de la situación dio al PSOE la coartada perfecta para sacar a la luz de golpe varios cientos de miles de trabajadores, que aumentaron la población activa, incrementaron el número de cotizantes a la Seguridad y redujeron drásticamente el porcentaje de parados. No se pensó en los riesgos a corto plazo, tales como el indiscutible «efecto llamada» y la crisis que ahora golpea en primer término a la población inmigrante, con repercusión directa en los costes sociales, a los que ayer se refirió, crudamente, el ministro Corbacho, cuando anunció como probable que el Instituto Nacional de Empleo entre en déficit.

Pese a la evidencia de los errores cometidos, no se vislumbra en el Gobierno un mínimo apremio por reformar la legislación sobre extranjería, para modificar el plazo máximo de internamiento de los inmigrantes ilegales o restringir la reagrupación familiar, tal y como se está debatiendo en Europa. La lentitud de respuesta política y la falta de una estrategia global sólo contribuye a enquistar los problemas.