El paro ha forzado al Gobierno a reducir al mínimo la contratación de extranjeros en sus países de origen, que incluso se “aproximarán al punto cero” el próximo año, según advirtió ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Celestino Corbacho.

Lo hizo minutos después de terminar la primera reunión de la mesa del diálogo social con las patronales CEOE y los sindicatos CC OO y UGT. El encuentro, de dos horas y media de duración, sirvió más que nada de toma de contacto para establecer una agenda de trabajo de cara a los próximos meses, de manera que primaron las buenas palabras e intenciones, pero no se resolvió ni una sola medida concreta a corto plazo a pesar de la gravedad de la crisis económica.

El plan de recolocación

Corbacho, en un lenguaje llano y sin tapujos, anunció que el Ejecutivo tiene previsto restringir de manera drástica las contrataciones en origen, al menos, durante 2009 y mientras duren las dificultades económicas. Y es que, como argumentó el ministro, “no parece razonable que en un mercado como el español, con 2,5 millones de desempleados, sigamos recurriendo a esa fórmula”.

Por ello, tras adelantar que entre enero y julio se firmaron 88.180 contratos de ese tipo menos de la mitad que hace un año, cuando se suscribieron 200.000, dijo que en 2009 no va a ser “tan generoso” a la hora de elaborar un catálogo de posibles ofertas de empleo para el colectivo de demandantes foráneos.

No obstante, confirmó que se respetarán los convenios internacionales y acuerdos bilaterales suscritos con otros países en esa materia, al igual que también se harán excepciones con las contrataciones concretas para trabajos especializados cuyas ofertas no puedan ser satisfechas dentro del territorio nacional.

Por otra parte, el Ejecutivo acordó con empresarios y sindicatos “evaluar todos los planes y programas de empleo” que existen en España, a fin de acomodar sus objetivos a la complicada coyuntura económica actual y, en aquellos casos que sea necesario, reorientarlos o modificarlos. Para ello se buscará la implicación de todas las administraciones, en especial las autonómicas como titulares de las competencias en políticas activas de empleo.

De esta manera, el plan anunciado desde el Ministerio para recolocar a 100.000 trabajadores, en especial de los sectores de la construcción y los servicios, quedará en suspenso hasta que concluya dicho examen. Por el contrario, el plan ya aprobado en julio junto a las comunidades para contratar a 1.500 orientadores profesionales seguirá adelante.