Un cayuco con trece personas fallecidas en su interior y varios heridos, todos de origen subsahariano, fue interceptado ayer por una patrullera de la Guardia Civil y remolcado hasta el puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria. El cuerpo de otra persona fue hallado más tarde en las inmediaciones del lugar en el que fue auxiliada la embarcación, a unas siete millas de la costa, y no se descartaba que el número de muertos aumentara ya que se seguía rastreando la zona.

Aunque los testimonios ofrecidos por los 46 supervivientes eran confusos dado su estado físico, al parecer el cayuco llevaba entre ocho y doce días de navegación y durante la «difícil» travesía «se perdieron varias veces, sufrieron varias averías en el motor, pasaron mucho tiempo a la deriva y algunos de sus ocupantes murieron de hipotermia», según relató José Antonio Corujo, responsable de la Cruz Roja en Las Palmas.

Cinco de los 46 supervivientes fueron trasladados a centros hospitalarios con cuadros de deshidratación e hipotermia de carácter leve «salvo complicaciones», y otros nueve fueron atendidos in situ al llegar a puerto. La mayoría sólo sufría roces y quemaduras, dadas las condiciones del viaje, durante el que se les agotó el agua y la comida.

Además, otros cinco emigrantes habrían perdido la vida durante la travesía entre Libia y Malta, según el testimonio de algunos de los 85 supervivientes rescatados ayer por la Marina maltesa al sur de la isla, entre los que había 18 mujeres, un menor y un bebé de nueve meses. Este grupo relató que había zarpado cinco días atrás y que, después de horas a la deriva, cinco de ellos había fallecido y sus cuerpos fueron arrojados al mar.

Pese al descenso en la llegada de inmigrantes desde África, en los últimos meses se han producido episodios trágicos cuando intentaban alcanzar las costas canarias y de la Europa mediterránea, sin que los sofisticados sistemas de detección y vigilancia establecidos por la Unión Europea hayan sido capaces de evitar estos dramas. Sin embargo, no existe estadísticas fiables sobre el número de muertes, que casi siempre se basa en el testimonio de los supervivientes en relación a los cuerpos arrojados por la borda.

Pero según los datos recogidos por Fortress Europe en medios de comunicación europeos y magrebíes, desde enero hasta setiembre de 2008 han muerto 909 personas que trataban de llegar a Europa, la mayoría por mar, y se han producido decenas de desapariciones en aguas mediterráneas. En 2007, el número se elevó hasta los 1.861 muertos – 1.684 de ellos en el mar – .

La muerte de quienes arriesgan su vida tratando de alcanzar las puertas a Europa es la cara más dramática de la emigración, pero el goteo en la llegada de pateras, cayucos y cualquier otro tipo de embarcación es constante, sobre todo en las costas canarias, andaluzas, italianas y maltesas. Ayer, una patera con unas 40 personas a bordo arribó a Motril (Granada) y estaba prevista la llegada a Tenerife de un cayuco en el que viajaban otras 70 personas. Además, la Guardia Civil detuvo a 18 argelinos que se dirigían a Almería.

Otros tres inmigrantes que llevaban diez días dentro de un contenedor de mercancías que portaba un carguero procedente de Ghana fueron rescatados en el puerto de Málaga, después de que los trabajadores del buque escucharan unos golpes. Su proceso de devolución se puso inmediatamente en marcha.

La víspera, tres embarcaciones con 190 personas a bordo alcanzaron las costas de la isla italiana de Lampedusa y guardacostas griegos interceptaron cerca de la isla de Lesbos, en el mar Egeo, una patera con 66 emigrantes. Asimismo, la Marina marroquí detuvo en alta mar a 24 personas que se dirigían hacia Europa, que se sumaron a las 59 interceptadas por la Guardia Civil frente a Barbate y Tarifa (Cádiz).

En medio de la tragedia, la polémica volvió a saltar entre los dos grandes partidos españoles de ámbito estatal. El portavoz de inmigración del PP en el Congreso, Rafael Hernando, pidió al Gobierno que «deje de dedicarse sólo a contar la cifra de cayucos y de inmigrantes muertos» y le instó a «tomar cartas en el asunto» y a ejercer una mayor presión diplomática sobre los países origen de la inmigración irregular. En respuesta a su intervención, que tachó de «deplorable», la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, dijo que el hallazgo de los inmigrantes muertos representa «la expresión más dramática» de la inmigración irregular, cuyos «únicos responsables son los traficantes» de seres humanos.

El ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirma que su Gobierno repatría a los inmigrantes «sin papeles» de forma «discreta» a petición de los gobiernos de sus países de origen, por el «enorme coste político» que ello les supone. Dijo que «en general» se devuelve a quien llega de manera irregular.