El alquiler de una vivienda permite a un inmigrante el empadronamiento y con él, el acceso a las ayudas sociales, la tarjeta sanitaria y la escolarización de los niños. Por eso, y por la falta de una legislación suficiente, lo que tenía que ser un mero trámite inmobiliario puede convertirse en un arma de explotación. En Bilbao se ha abierto hace cuatro meses una investigación a una mujer que mantenía alquiladas en 10 pisos a casi 200 personas, a las que cobraba entre 150 y 400 euros. El abuso que esta situación refleja pone en evidencia la necesidad y la urgencia de una normativa clara al respecto.