En un período de prueba únicamente ocho inmigrantes se presentaron, entre ellos un salvadoreño. Las autoridades prevén arrestar más indocumentados que en 2007.

El Gobierno de Estados Unidos eliminó ayer un plan piloto de deportación voluntaria al que solo se sumaron ocho personas de un total de 30,000 esperadas, y advirtió de que no habrá tregua en las redadas en viviendas y lugares de trabajo.

Pese a ello, las autoridades —por medio de Jim Hayes, director interino de la oficina encargada de las deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— negaron que la Operación Salida Programada haya sido un fracaso.

Paralelo a la aplicación del plan, las autoridades detuvieron en las últimas tres semanas a 1,300 inmigrantes indocumentados.

El plan piloto fue puesto en marcha el 5 de agosto, con un costo de $41,000, en cinco ciudades: Santa Ana y San Diego (California), Phoenix (Arizona), Charlotte (Carolina del Norte) y Chicago (Illinois).

Las autoridades anunciaron el programa como una alternativa para los inmigrantes en situación irregular, sin antecedentes penales, que desearan salir voluntariamente sin correr el riesgo de ser detenidos y deportados a la fuerza.
Seguirán arrestos

Para Hayes, los resultados de este plan piloto solo confirman que “la forma más eficaz (…) de resguardar la seguridad del país es la aplicación de las leyes de inmigración”.

Hayes explicó que el Gobierno cuenta con 104 equipos dedicados a la detención de inmigrantes “fugitivos”, y las autoridades prevén arrestar más indocumentados es te año que en 2007, cuando se reportaron 30,000 detenciones.

El programa, que se anunció en medios de comunicación en español, no tuvo buena recepción entre grupos que abogan por una reforma migratoria integral.

Según Hayes, esos grupos, que no identificó, incluso aconsejaron a la gente a que no se inscribiera en el programa, porque —según dijo— “lo que no les gusta es que se hagan cumplir las leyes”.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) continuará cumpliendo con su obligación, establecida por el Congreso, de identificar, localizar y expulsar a los “extranjeros fugitivos”, subrayó Hayes.

Los grupos defensores de los inmigrantes señalaron que el programa incluía pocos incentivos y no tomaba en cuenta que muchos indocumentados tienen lazos familiares en Estados Unidos.

También manifestaron su preocupación de que las autoridades usen el mal resultado del programa como pretexto para intensificar las redadas, pues ahora pueden decir que hicieron un esfuerzo para que la ley se cumpliera en un modo que afectara menos a los inmigrantes y a sus familias.

Entre los que se prestaron a ser deportados están un mexicano, dos guatemaltecos y un salvadoreño. Los ocho individuos que optaron por su salida voluntaria aún no lo han hecho, pero las autoridades de inmigración se trasladarán a los aeropuertos para verificar que abandonen el país. Por ley, estas personas no podrán entrar a Estados Unidos durante 10 años, a menos que el Congreso modifique el sistema migratorio vigente.