En las culturas rurales, y a lo largo de la historia en general, una de las grandes preocupaciones de todo mortal es garantizarse un lugar donde reposar tras su fallecimiento. Pero en Vitoria, cada año, casi una veintena de personas dejan este mundo sin disponer ni siquiera de un trozo de tierra donde dar el paso al más allá. Se trata de gente que muere en la pobreza y a veces, aún peor, en la soledad. Durante el año pasado, la Unidad de Inserción Social del Ayuntamiento tuvo que gestionar 16 ‘enterramientos por beneficencia’, tal y como denominan a estas tristes despedidas.
La mitad de las personas fallecidas en esta situación durante 2007 eran extranjeras (tres de Portugal, dos de Colombia, una de Ghana, una de Angola y otra de Georgia). Otras cuatro procedían de diferentes lugares de España (Jaén, La Rioja, Vizcaya y Orense), y las cuatro restantes eran vecinos de Vitoria.
Como la pobreza acorta la vida, no es de extrañar que la media de edad entre los fallecidos fuese de cincuenta años. Y las causas de la muerte variadas: desde accidentes de motocicleta hasta enfermedades como el sida pasando por dolencias crónicas. Por eso, «no hay un perfil específico», asegura José Ángel Aguirre, jefe de la Unidad de Inserción Social.
De ese modo «no sólo viene gente sin techo, sino también personas que están en una vivienda compartida o de alquiler, pero que no tienen medios para sufragar el entierro». Una buena parte de ellos se han quedado solos en la vida, aunque otros no. «Hay matrimonios de ancianos con pocos recursos; ya ha habido casos en los que llega un viudo o una viuda que no tiene medios. Las situaciones son muy diversas».
Por eso, en el Ayuntamiento tienen constancia de ellas por muy diversas vías. A veces, es la propia familia quien acude al servicio, en otras ocasiones lo hacen conocidos del fallecido, y a veces la notificación llega de un hospital o del juzgado. Pero, en la mayoría de los supuestos, es alguno de los servicios sociales municipales de base quien se encarga de dar la voz de alarma.
La investigación
Como en buena parte de los casos el infortunado (en el 75% de ellos son hombres) ya había entrado en contacto previamente con los sistemas de ayuda municipales, «lo primero que hacemos es ver si tiene un expediente activo en los servicios sociales de base», explica Aguirre. Si no, se acude al padrón y a todos los medios posibles para tratar de localizar a amigos y familiares. Y, por supuesto, se investiga si el fallecido tiene medios para hacer frente a su propio entierro.
En caso negativo, actúa la beneficencia, ya sea para cubrir la totalidad del sepelio o para aportar la parte a la que no llegan los escasos recursos del fallecido. Durante 2007, el Ayuntamiento se gastó 8.621 euros en hacer frente a los 16 enterramientos de este tipo. Eso sí, sólo en dos casos tuvo que gestionar el asunto, porque consiguió recabar de entre las precarias propiedades del fallecido la cantidad suficiente para pagar a la funeraria.
Y es que el Consistorio tiene un convenio con las tres funerarias de la ciudad para que, cada año, sea una la que se ocupe de este tipo de actuaciones. El motivo de este pacto no es conseguir precios especiales sino «evitar que se beneficie a una y no a otra», señalan fuentes municipales. Lo que sí está claro es que la beneficencia no abona entierros de lujo, sino lo estrictamente necesario: «El certificado médico de fallecimiento, los gastos de entierro y preparación del cuerpo, el féretro y el coche fúnebre para el traslado al cementerio».
Sin placa
El cuerpo llega entonces a lo que se denomina fosa común. La realidad no es tan macabra como el nombre: se trata de «una especie de cofre de hormigón con capacidad para entre tres y nueve féretros», explica Kepa Arza, jefe de la Unidad de Cementerios. Las estructuras son de propiedad municipal y se encuentran en tres zonas diferentes del camposanto. Si alguien se preocupa por que una placa recuerde el nombre del fallecido, se ubicará en la parte superior de la losa de hormigón. Si no, su nombre sólo constará en un registro municipal junto al número de parcela que ocupa en el cementerio. Y, a los diez años, si nadie reclama los restos, se enviarán al osario común.