La Comunidad Valenciana recibió ayer el contingente más grande nunca recibido de inmigrantes «sin papeles» procedentes principalmente de las Islas Canarias, fruto del convenio de «solidaridad» que las autonomías tienen firmado para aliviar la situación de los centros de acogida en la citada región a la que arriban los cayucos procedentes de Senegal y Malí.
En total, cincuenta «sin papeles» subsaharianos fueron trasladados a los centros gestionados por el Gobierno central de Alicante y Valencia 30 y 20 respectivamente, una cifra que eleva a 141 los inmigrantes acogidos por la Comunidad desde el 1 de julio, una cifra que ya es un 78 por ciento superior a todos los traslados efectuados durante los dos meses enteros del verano de 2007. En el mes de agosto de 2007 fueron trasladados 45 inmigrantes, mientras que en julio fueron 34 este año en diocho mes han sido derivados 83 subsaharianos.
Este incremento de los traslados está desbordando las previsiones de la propia Conselleria de Inmigración: «La realidad del drama humano de las pateras que estamos viviendo no concuerda con la versión del Gobierno», aseguró el conseller Rafael Blasco en referencia al descenso de cayucos llegados a Canarias anunciado por el Gobierno central hace escasos días.
Un fax el día anterior
Como es habitual, el traslado de los inmigrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla fue notificado por fax al Gobierno valenciano un día antes de que se efectuase el mismo, en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de enero de 2005 que regula el protocolo de actuación para la atención humanitaria y acogida de los inmigrantes desplazados de Canarias a la Península.
ONG´s como Cruz Roja o Cepaim y albergues como el San Juan de Dios en Valencia son algunas de las instituciones que acogen a estas personas cuyo sueño no es otro que permanecer en Europa aunque tengan abierto un expediente de expulsión.
«Para ellos, salir de Canarias, Ceuta o Melilla y alcanzar la Península es lograr la meta, aunque en teoría les espere el camino de vuelta a su país», destaca uno de los trabajadores que trabaja en un centro de acogida.
La mayoría de los subsaharianos que llegan a Canarias y luego son trasladados a la Comunidad suelen tener edades comprendidas entre los 20 y 35 años y proceden de Malí, Gambia, Senegal, Guinea, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Togo y Sudán. Aunque también hay menores y mujeres embarazadas.
Al drama humano que hay detrás de cada uno de sus rostros, también se le añade las frías cifras. Y es que aunque el Gobierno sea quien decida los traslados, son las Comunidades las que deberán atender necesidades básicas como sanidad, alojamiento, integración, educación…
Desde el Gobierno valenciano se volvió a insistir ayer tras conocer el nuevo traslado de inmigrantes en la necesidad de que el Gobierno central, cuya política inmigratoria ha dado un giro de 180 grados, en adecuar la financiación que las Comunidades reciben con las necesidades reales. «La Comunidad es solidaria con los inmigrantes procedentes de Canarias, pero esto no exime al Gobierno de proporcionar la financiación necesaria para que podamos prestarles una atención adecuada sin que ello suponga tensiones en el sistema asistencial», advirtió el conseller. De nuevo el debate de la financiación.