A la hora de afrontar con éxito el fenómeno de la inmigración extranjera, Euskadi cuenta con la ayuda de dos factores: por un lado, su historia más reciente, en forma de miles de personas procedentes de otras regiones de España que contribuyeron con su esfuerzo al desarrollo industrial y a consolidar los niveles de vida y servicios de los que ahora disfruta el País Vasco; por otro, que el flujo está siendo progresivo, y sólo la escasez de oportunidades en algunos primeros destinos más apetecibles en otro tiempo Madrid, Cataluña, las costas del sur y el Mediterráneo explica que el colectivo foráneo de la comunidad autónoma se haya multiplicado por siete en una década. Son 116.000 nuevos trabajadores y vecinos un 5,4% de la población vasca, todavía la mitad de la media española a quienes el color de la piel, el acento o la crisis económica vuelven de pronto visibles en las calles, en los transportes públicos y en los estudios de opinión.
En absoluto puede decirse que ciudadanos e instituciones no hayan tenido tiempo de prepararse para este mestizaje que una tierra que se dice solidaria no puede sino acoger, sin olvidar que la llegada de estas personas ayuda a paliar desajustes demográficos y carencias de mano de obra en sectores tan sensibles de la sociedad como la atención de menores y jubilados. Por eso resulta necesario conceder el debido interés a algunos indicadores sociológicos que, periódicamente, detectan intranquilidad de los autóctonos en su percepción de la inmigración. O apuntan que la ciudadanía podría llegar a otorgar credibilidad a un discurso que se esfuerza en presentar al foráneo como competidor y no como un contribuyente más a la hora de acceder al empleo o a los servicios más básicos. Tampoco deben dejarse de lado algunas realidades constatadas, como el recelo de los titulares de pisos a alquilarlos a extranjeros. Esta desconfianza, unida a unos precios de compra todavía prohibitivos y a sus bajos salarios, explica que sólo el 1,1% tenga una residencia en propiedad, condena a compartir techo a la inmensa mayoría y a la infravivienda a aquéllos en trámites de regularización. El objetivo de restar a la inmigración cualquier potencialidad conflictiva requiere, primero, pedagogía en el respeto a la diferencia. Una tarea divulgadora que precisa, además, del firme apoyo de instituciones, organizaciones sociales, sindicales y empresariales, en forma de apuesta por la integración con las debidas dotaciones presupuestarias, asesoramiento y respaldo legal y contratos dignos.